La Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, lleva adelante esta semana nuevas audiencias por el caso de Conexión Ganadera —que tiene imputados a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral—. La primera fue el pasado miércoles, cuando declararon Agustina Basso y Alfredo Rava, hija y yerno del fallecido fundador de la empresa, Gustavo Basso.
Horas antes de que el matrimonio llegara a la sede de la Fiscalía, se publicó que harán una nueva denuncia por lavado de activos luego de que los abogados Juan Pablo Decia informaran que compraron un campo en Florida y dos en Durazno con dinero que salió de cuentas de Basso y Cabral.
Precisamente, la transacción fue hecha en 2022 desde productos financieros del Banco República a nombre del padre y de la madre de Agustina Basso.
Los defensores entienden que Cabral cometió, presuntamente, un delito de lavado de activos en modalidad conversión, posesión y tenencia para Rava y Agustina Basso.
Entre las solicitudes que expresa la denuncia, se aclara que se pedirá el embargo de los campos comprados en 2022. Sin embargo, fuentes de la investigación explicaron a Montevideo Portal dos puntos en torno al tema.
El primero es que los campos se encuentran embargados desde julio de 2025, cuando la Fiscalía no tenía documentos que explicaran los movimientos financieros alrededor de la compra de los terrenos.
En segundo lugar, en las declaraciones de Rava y Basso —tal y como informó Montevideo Portal el pasado miércoles— surge que el dinero salió de cuentas de Basso porque se lo prestó, pero luego ellos lo devolvieron al acceder a un préstamo del BROU.
Los informantes aclararon que la Fiscalía de Rodríguez está al tanto de toda la documentación presentada.