Conexión Ganadera: confirman embargo de más de US$ 300.000 para los hijos de Carrasco

La Justicia resolvió mantener el embargo sobre los bienes de Guadalupe y Baltasar Carrasco Iewdiukow, los hijos del matrimonio de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow que fue imputado por estafa y lavado de activos en la causa de Conexión Ganadera que investiga el fiscal Enrique Rodríguez. 

La defensa de los hijos de Carrasco e Iewdiukow había solicitado a la Justicia levantar el embargo que pesa sobre un apartamento y un garaje valuados en US$ 320.000 que fueron comprados en 2024. 

De acuerdo con la resolución judicial firmada por la jueza Diovanet Olivera, que fue informada en primera instancia por el periodista Eduardo Preve y a la que accedió Montevideo Portal, se argumenta que el dinero con el que fueron comprados los bienes proviene de las conductas que hoy se le imputan penalmente a Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow. 

En el pedido que hizo la defensa de Baltasar y Guadalupe, se asegura que tanto el apartamento como el garaje fueron adquiridos cuando ellos eran “jóvenes estudiantes” y que sus padres, según la versión que tienen, ahorraron para comprarlos. 

“No se trata de propiedades suntuosas o que se distingan por sus características o precio de las que existen en el barrio”, agrega el escrito. 

Olivera, por su parte, aseguró que los hijos del matrimonio revisten calidad de imputados y fueron citados a declarar como indagados durante febrero. Además, la jueza basó su decisión en los informes que la Fiscalía tiene a disposición. 

Tanto el garaje como el apartamento fueron “pagados con dinero que salió de la cuenta bancaria de la empresa de ambos (Hernandarias XIII)”, en referencia a la principal tomadora de ganado que tenía Conexión Ganadera. 

Del total del valor, US$ 36.600 salieron de una cuenta del Banco República a nombre de Hernandarias y el “28 de marzo de 2022 se completó el pago con una letra de cambio cruzada a nombre de Baltasar Carrasco por la suma de US$ 293.400, que fue debitada de la misma cuenta bancaria”. 

Olivera considera que los hijos de los imputados son civilmente responsables, porque los bienes fueron pagados con “dinero que provenía de Conexión Ganadera o de las empresas y personas que de una u otra forma estaban involucrados en el grupo económico investigado”.