Condenaron en cifra millonaria al Estado por no pagarle arreglos a camiones a un mecánico

El Ministerio del Interior fue demandado a comienzos de 2025 por no haber pagado a un taller mecánico, que trabajaba para la Dirección Nacional de Bomberos, las reparaciones que había realizado en varios camiones.

De hecho, el reclamo ante la Justicia —presentado por Marcos Pacheco y Gastón Zapater— llegó luego de que Bomberos dejara por varias semanas los vehículos en el taller, cuya razón social es La Comercial SRL.

La demanda incluyó el valor de la deuda que acumulaba Interior con el taller; además, se presentaron las facturas que el local había emitido en su momento, a la espera de que Bomberos transfiriera el monto correspondiente.

De acuerdo con la sentencia, a la que accedió Montevideo Portal, dicha “deuda fue plasmada en cuatro facturas”. Dos tenían vencimiento el 22 de mayo de 2022, una tercera el 23 de julio de 2022 y la cuarta el 17 de diciembre del mismo año.

En el documento se asegura que la “administración demandada, en ambos momentos procesales, desconoció los documentos presentados para el cobro, vehiculizando su principal defensa en la excepción de inhabilidad de título, dado que este no habría sido firmado por una persona autorizada”.

La sentencia indica que el Ministerio del Interior no desconoce la relación comercial entre las partes, así como tampoco la existencia de las cuatro facturas presentadas por el taller mecánico.

“La controversia es que quien habría firmado tales documentos no se encontraba autorizado para ello”, indica la sentencia judicial. Esto último fue reconocido por parte de Interior, e incluso indicaron que “han surgido situaciones similares” a la expuesta por la parte demandante.

Sin embargo, el ministerio nunca probó que el funcionario “no formaba parte de la planilla de empleados del Ministerio del Interior o, en caso contrario, cuáles eran sus potestades y autorizaciones en las fechas de las facturas, cuando estas cuentan con su número de documento de identidad”.

El taller, según avaló la sentencia, no estaba al tanto de que el funcionario firmante no tenía potestades para proceder de esa manera.

Por otro lado, la sentencia señala que las facturas tienen fechas de vencimiento cercanas, todas durante 2022. Estas cuentan con sus correspondientes órdenes de compra, mediante el proceso de compra directa.

“No surge del informe ningún argumento que justifique que tales compras no se hicieron. La omisión, irregularidad o eventual informalidad de la administración no puede ir en desmedro de una deuda que existe, derivada de un servicio mecánico que se prestó, dado que no fue desconocido de forma expresa”, sostiene la demanda.

Finalmente, la sentencia ordena condenar al Ministerio del Interior a pagar la suma total de $ 1.263.383, más intereses y reajustes correspondientes.