Condenaron a dos personas por vender terrenos con poderes falsos de un escribano muerto

La Justicia condenó en las últimas horas a dos personas que vendían terrenos en Punta Negra, en el departamento de Maldonado, con poderes falsos.

El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno en el año 2019, luego de que la Intendencia de Maldonado hallara “diversas irregularidades en operaciones inmobiliarias realizadas sobre terrenos ubicados en el balneario”, informaron desde el Ministerio Público.

Los condenados utilizaban poderes generales de administración, disposición y afectación que aparentaban haber sido autorizados por un escribano que había fallecido en 2006. “La investigación determinó que dichos documentos eran apócrifos y que, en varios casos, las personas que figuraban como otorgantes de los poderes habían fallecido incluso antes de la fecha en que supuestamente estos habían sido otorgados”, señalan desde Fiscalía.

A partir de los poderes apócrifos, los involucrados concretaban compraventas ficticias con las que adquirían formalmente los terrenos y luego los vendían a terceros de buena fe. La investigación también detectó que, en varios casos, los cheques incluidos como medio de pago no fueron cobrados ni acreditados en las cuentas de quienes figuraban como vendedores.

Durante los allanamientos en los domicilios de los involucrados, se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y un sello con el nombre del escribano cuya firma habría sido utilizada en los poderes falsos. También se encontraron copias de documentos que simulaban tener carácter notarial.

Dos personas fueron condenadas a 18 meses de prisión, pena sustituida por libertad a prueba, por los delitos de asociación para delinquir y dos delitos de estafa. Deberán cumplir arresto domiciliario nocturno durante tres meses, presentarse semanalmente ante la Policía y realizar tareas comunitarias.

Otras dos personas fueron imputadas y permanecerán en arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre de 2026. También se les prohibió comunicarse con otras personas implicadas en la investigación.