Condenaron a Robert Yroa, exdirector de la Guardia Republicana, por tráfico de armas

El Tribunal de Apelaciones de 3er Turno revocó por mayoría el fallo en el que había absuelto al exdirector de la Guardia Republicana Robert Yroa y resolvió condenarlo por un delito de tráfico de armas a una pena de diez meses de prisión. La decisión fue adoptada por tres votos contra uno, y ahora será revisada por la Suprema Corte de Justicia, informó El País y confirmó Montevideo Portal.

La causa tuvo varias instancias judiciales previas a que se determinara la condena. Antes del juicio oral, la defensa del exjerarca había conseguido el sobreseimiento al sostener que los hechos investigados no constituían delito en el momento en que ocurrieron. Esa postura fue respaldada inicialmente por el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno, aunque posteriormente la Fiscalía recurrió ante la Suprema Corte, que resolvió que el caso debía llegar a juicio.

Tras esa definición, la jueza Mercedes Reyes absolvió a Yroa, pero la Fiscalía volvió a apelar y el Tribunal de Apelaciones de 3er Turno terminó fallando a favor del planteo del fiscal Gilberto Rodríguez. La mayoría estuvo integrada por los ministros Julio Olivera, José María Gómez y Luis Charles, mientras que el ministro suplente Gabriel Ohanián votó en discordia.

La investigación se centra en una compra de armamento realizada en 2007, cuando Yroa integraba una comisión asesora del Ministerio del Interior encargada de recomendar adquisiciones de armas. En ese contexto, se aconsejó la compra de tres rifles de francotirador, cuya adquisición estaba restringida al Estado y a coleccionistas autorizados.

Según Fiscalía, el Poder Ejecutivo habilitó únicamente la compra de dos rifles, pero Yroa gestionó la adquisición de un tercero directamente con el importador. Aunque el arma habría sido pagada por el entonces jerarca con dinero propio, la factura se emitió a nombre del Ministerio del Interior.

Para los fiscales, el episodio adquirió relevancia penal años después, cuando en 2016 Yroa intentó vender el rifle y el comprador no pudo registrarlo ante el Servicio de Material y Armamento (SMA). A criterio de la acusación, eso demuestra que el exdirector de la Guardia Republicana no tenía autorización para transferir el arma, ya que formalmente no le pertenecía.

La Fiscalía también sostuvo que los hechos podrían haber configurado un delito de abuso de funciones, aunque esa eventual conducta ya había prescrito cuando se presentó la denuncia penal.

Tras el nuevo fallo, la defensa del exjerarca resolvió presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia.