Un operativo internacional coordinado por Interpol permitió incautar más de 1.000 medicamentos en Uruguay y culminó con la condena de dos personas, en el marco de una ofensiva global contra la comercialización ilegal de fármacos.
Según informó el Ministerio del Interior, la intervención se llevó a cabo en el contexto de la Operación Pangea, una iniciativa que involucra a países miembros de Interpol con el objetivo de desarticular redes dedicadas a la venta de medicamentos fuera de los canales habilitados. El despliegue incluye la participación de fuerzas policiales, autoridades aduaneras y organismos sanitarios.
La fase operativa se desarrolló entre el 10 y el 23 de marzo. Durante ese período, y en coordinación con la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos, la Dirección Nacional de Aduanas y distintas jefaturas departamentales, se realizaron controles en terminales portuarias y aeroportuarias. Las inspecciones abarcaron la revisión de documentación, equipajes y entrevistas a viajeros de diversas nacionalidades.
En uno de los procedimientos, un ciudadano brasileño que arribó desde Madrid fue interceptado por un equipo de la Dirección General junto a la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos. El hombre transportaba 160 lápices de insulina adheridos a su cuerpo —en pecho y piernas— con presunto destino de reventa. El caso fue derivado a la Justicia Penal de Aduanas.
Ministerio del Interior
Remedios en ferias
En paralelo, y en el marco de la Operación Halo en Uruguay —integrada a la fase operativa de Pangea—, tareas de inteligencia permitieron detectar un puesto irregular en la feria de Piedras Blancas. El lugar era administrado por una pareja, uno de ellos funcionario policial, que comercializaba medicamentos y productos alimenticios sin autorización.
Durante el procedimiento se incautaron más de 700 medicamentos, además de otros productos de contrabando.
Tras las actuaciones judiciales, ambos fueron condenados por un delito de receptación agravado y por la venta de sustancias genuinas por persona no habilitada, en régimen de reiteración real. La pena impuesta fue de nueve meses de prisión.
Asimismo, operativos desplegados por jefaturas departamentales en distintos puntos del país permitieron nuevas incautaciones en Salto y Rocha, donde se decomisaron unos 300 medicamentos más.
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