Compra de María Dolores: investigadora cerró sin consenso y se elaborarán cuatro informes

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analizó la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) concluyó este lunes sus trabajos, luego de tres meses de actuación, y elevará cuatro informes al plenario, reflejo de las distintas interpretaciones que los partidos políticos realizaron sobre el proceso.

Según informaron los legisladores, habrá un informe del Frente Amplio, otro conjunto del Partido Nacional y el Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana.

Mientras el oficialismo sostuvo que la investigadora no encontró irregularidades y ratificó la legalidad de la compra, desde la oposición señalaron que existieron “desprolijidades” en el proceso y cuestionaron decisiones adoptadas por Colonización durante la adquisición del predio.

El presidente de la Cámara de Representantes e integrante de la comisión por el Frente Amplio, Sebastián Valdomir, afirmó en diálogo con Info Capital (TV Ciudad) que las actuaciones permitieron recopilar toda la información necesaria mediante la comparecencia de autoridades y organizaciones vinculadas al proyecto.

“Lo que queda claro es que fue ajustada a derecho, que no hubo ningún tipo de irregularidad”, sostuvo el legislador, quien destacó que durante las sesiones comparecieron representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Colonización, la Intendencia de Florida, el Instituto Nacional de la Leche y las gremiales involucradas en el proyecto productivo.

“La comisión investigadora no logró determinar ningún tipo de irregularidad ni ningún tipo de renuncia. A tal punto que cerramos hoy la investigadora y nadie pidió prórroga porque entendemos que el trabajo realizado en estos tres meses es suficiente”, afirmó.

El legislador reconoció que existieron diferencias de enfoque entre los partidos representados en la comisión, aunque destacó el clima de trabajo durante las comparecencias. “Los cuatro informes hablan de la realidad de la Cámara de Representantes, donde hay seis partidos representados”, indicó.

Desde la oposición, en tanto, el diputado colorado Carlos Rydstrom defendió la utilidad de la investigadora y adelantó que el informe que elaboran blancos y colorados pondrá el foco en las responsabilidades políticas derivadas del proceso de compra.

“No estamos en contra de la compra de tierras ni de que el gobierno se haya planteado ese objetivo. No nos parece correcto cuando se hace sin respetar los procesos correspondientes”, señaló.

“Las conclusiones más importantes no solo van a tener que ver con María Dolores, tienen que ver también con el proceso de Colonización que atravesamos como país, con la realidad de un instituto que está por cumplir 80 años y que muchos temas de su articulado y su funcionamiento tienen importantes saltos que dar hacia la modernidad”, afirmó el colorado.

Entre los cuestionamientos planteados por la oposición, Rydstrom mencionó las proyecciones iniciales realizadas para el predio y sostuvo que algunas de ellas no se ajustaban a los informes técnicos disponibles.

“En este proceso han sucedido cosas que afectan al gobierno y al instituto, como anunciar reiteradas veces que se podían lograr allí 16 tambos. Nosotros, basados en los propios informes técnicos del instituto, dijimos desde un primer momento que eso no era razonable agronómicamente. Hace no mucho tiempo, el propio directorio reconoció esa realidad y pasó de 16 a 6 tambos”, afirmó.

Consultado sobre si la investigadora logró descartar la existencia de delitos en el proceso de compra, el diputado colorado respondió que esa posibilidad no puede ser descartada, aunque aclaró que la comisión parlamentaria tiene como objetivo determinar responsabilidades políticas.

“No lo podemos descartar. Lo que sí hubo fue una enorme cantidad de desprolijidades en el proceso y entendemos que se puso una ideología ciega por delante de los informes técnicos y de la buena manera de gestionar los recursos públicos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó el precio pagado por el predio y afirmó que, a su entender, Colonización abonó una cifra superior al valor promedio de mercado en Florida. “Actualmente está en las manos del directorio del instituto la compra de un campo a 10 kilómetros de María Dolores por un valor de US$ 2.000 menos la hectárea. Si fueran a comprar las mismas hectáreas son US$ 6 millones de ahorro. Son tipos de cosas que, más allá de lo ilegal, afectan cuál es el genuino interés de los uruguayos...”, señaló Rydstrom.

“Todo nuestro accionar puede servir para el trabajo de la Fiscalía, pero este es un ámbito legislativo para determinar responsabilidades políticas y para eso estamos construyendo los informes”, concluyó.

Más allá de las conclusiones que plasmarán los cuatro informes, el caso María Dolores también continúa en el ámbito judicial, a partir de la denuncia penal presentada por legisladores de la oposición y el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, por la compra de la estancia por parte del Instituto Nacional de Colonización.