El gobierno inició este jueves la implementación del plan Más Barrio con una intervención en Cerro Norte. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dialogó con vecinos, acompañado por la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro; el ministro del Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya.

El programa es una estrategia que se implementará durante 2026 en cinco zonas del país —incluidos barrios de Canelones, Durazno, Rivera y Maldonado— y que busca “mejorar las condiciones de vida y la seguridad de los ciudadanos” en áreas con “altos índices de delitos violentos”, explicó Sánchez en rueda de prensa.

Durante la jornada, decenas de funcionarios recorrieron el barrio casa por casa para relevar a todos los residentes y “conocer de primera mano las necesidades del barrio y de cada vecino, tanto en sus condiciones edilicias como sociohabitacionales”. A partir de esa información, “comenzarán los trabajos de mejora, que incluyen tareas de limpieza, ordenamiento, iluminación, patrullaje y equipamiento público”, indicó el secretario de Presidencia.

“Algunos vecinos planteaban que el barrio presenta múltiples carencias: falta de espacios públicos de calidad, deficiencias en el alumbrado y situaciones de inseguridad. Más Barrio apunta a generar condiciones de seguridad para quienes viven acá, pero también a fortalecer la convivencia, de modo que los gurises puedan jugar en una plaza, contar con una cancha de fútbol y disponer de un patrullaje inteligente que garantice la seguridad de todos”, afirmó Sánchez.

Consultado sobre posibles intervenciones en viviendas que funcionan como bocas de droga, el secretario señaló que esa “no es una tarea del Más Barrio” y que, “en el caso de que eso exista, para eso está la Policía”. No obstante, indicó que el programa sí prevé el realojo de personas en casos puntuales. “Si hay lugares donde haya que realojar personas porque están en zonas inundables, o porque es necesario abrir calles y eso implica construir nuevas viviendas, eso se va a hacer”.

El programa se financia con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de unos US$ 50 millones, además de una línea de crédito de US$ 200 millones de esa misma institución. Por su parte, las tareas de patrullaje y la instalación de cámaras de videovigilancia están incluidas en el presupuesto del Ministerio del Interior, informó Sánchez.