Montevideo Portal
En conversación con Montevideo Portal el presidente del Colegio de Abogados Cesar Pérez Novaro dijo que el caso de la Dra. Michelle Suárez está en manos de la Justicia y que el Colegio de Abogados no actúan en tanto el caso se enmarque en ese ámbito.
Además, explicó que el Colegio, que es una asociación privada, tiene un tribunal de ética que sólo actúa por denuncia y que hasta el momento no recibió ninguna denuncia contra la abogada.
Si bien Michelle Suárez no es socia del Colegio de Abogados, el Tribunal de ética puede actuar sobre cualquier abogado, teniendo como máxima sanción la posibilidad de hacer público el fallo.
“Si hubiera una denuncia contra ella o contra cualquiera que no sea socia, no implica que no se considere el pronunciamiento del tribunal. Donde sí hay una falencia, y esto no lo puede arreglar el estatuto del Colegio, es en hacer respetar los fallos condenatorios de los tribunales de ética de aquellos que no son socios, porque directamente no se presentan o no se defienden”, señaló Pérez Novaro.
Sobre ese punto, Novaro planteó la necesidad de un cambio en la figura del Colegio para hacer más efectivos los pronunciamientos de sus organismos: “ Ha sido una pretensión permanente del colegio, que la colegiación sea pública que haya una ley que establezca que un colegio público, como existe en Argentina, Perú, Brasil o México, y esos colegios tienen un poder de establecer sanciones y el control ético e idóneo de los abogados en ejercicio de su progresión”.
Según informaron a Montevideo Portal desde el Poder Judicial, el informe de los peritos identifica "firmas apócrifas" de un hombre patrocinado por Suárez en un juicio por la tenencia tras una separación. El hombre había denunciado la situación en 2014, al asegurar que la firma que aparecía en un documento en el que renunciaba a la patria potestad no era la suya.
Los peritos compararon la firma apócrifa con los registros caligráficos de Suárez y de Rosario Sánchez, supuesta socia de Suárez y defensora de la contraparte del hombre en el juicio. El estudio arrojó coincidencias entre la firma apócrifa y los trazos de Suárez, por lo que concluye que la abogada habría incurrido en la falsificación.
En virtud de la acusación que realice el fiscal, la Justicia definirá la situación penal de Suárez, que al renunciar a su banca no contará con fueros parlamentarios. Una vez haya una resolución en la Justicia Penal, el caso también será tomado por la Suprema Corte de Justicia, que analiza la revisión del caso a partir del reclamo del hombre. Además de resolver sobre el juicio, y en caso de detectar irregularidades en la actuación profesional de Suárez, el máximo órgano judicial podría determinar sanciones en su calidad de abogada.
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