El gobierno de Chile, encabezado por José Antonio Kast, adoptó en sus primeras semanas una medida que genera controversia: la revocación de la expropiación de terrenos en Villa Baviera, el enclave conocido históricamente como Colonia Dignidad.
La decisión implica, en la práctica, frenar o reconfigurar las investigaciones sobre los crímenes cometidos en ese lugar durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El sitio, fundado en 1961 por el exmilitar alemán Paul Schäfer, funcionó durante décadas como una comunidad cerrada que ocultó graves violaciones a los derechos humanos. Bajo el mando de Schäfer, se estableció una estructura sectaria en la que convivieron colonos alemanes y chilenos, sometidos a un estricto control y aislamiento del exterior.
Diversas investigaciones han documentado que en Colonia Dignidad se perpetraron abusos sistemáticos, incluidos torturas, violaciones y asesinatos. Durante el régimen de Pinochet, el sitio también habría sido utilizado como centro clandestino de detención y exterminio de opositores políticos, con un número de víctimas que superaría el centenar.
En este contexto, la expropiación del predio había sido impulsada como parte de políticas de memoria y derechos humanos, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y avanzar en la investigación de los crímenes. Sin embargo, la decisión del actual gobierno de revertir esa medida limita el control estatal sobre el lugar y podría restringir el ingreso a investigadores, quedando sujeto a la autorización de particulares.
Según consignó el periódico inglés The Guardian, desde el Ejecutivo se argumentó que la expropiación implicaba un costo elevado para el Estado —estimado en más de 50 millones de dólares—, aunque no se presentaron públicamente respaldos detallados de esa cifra. A su vez, autoridades de distintas carteras evitaron profundizar sobre el alcance de la medida.
En paralelo, también se dispuso la remoción de varios coordinadores vinculados a programas de búsqueda de evidencias y políticas de derechos humanos. Entre ellos se encontraba el responsable del programa nacional de Derechos Humanos, que fue destituido tras 14 años en el cargo.
Organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por lo que consideran un retroceso en las políticas de memoria.
En esa línea, Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, advirtió que las recientes decisiones configuran “un claro patrón de retroceso” y cuestionó la falta de compromiso con el esclarecimiento de la verdad.
“Lo que presenciamos no son incidentes aislados, sino un claro patrón de retroceso en materia de derechos humanos. […] No existe ningún indicio de un compromiso genuino con la búsqueda de la verdad. Y es precisamente esta verdad la que les incomoda”, aseveró Romero.
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