Chediak advirtió que crear un Ministerio de Justicia sería “innecesario y peligroso”

Durante la primera rendición de cuentas de su gobierno, el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció que envió su proyecto para un Ministerio de Justicia al Parlamento, el cual “avanzará en las próximas semanas”.

En vías generales, el proyecto generó rechazo en la oposición —que también tenía la intención de integrar una cartera en su programa de gobierno— y la aprobación mayoritaria del oficialismo, que afirmó que lo votará en bloque. Sin embargo, desde el sistema de Justicia se piensa que la creación de un Ministerio de Justicia es “absolutamente innecesaria y profundamente inconveniente”.

Así lo dijo el exministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak en entrevista con Radio Oriental. “Uruguay, desde 1883, ya tenía un Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública”, argumentó. 

Según explicó, la institución se fue transformando y mutando a lo largo de distintos gobiernos, como en el caso de la gestión de José Batlle y Ordóñez, que cambió el nombre y las competencias de la cartera para que pase a ser “de Instrucción Pública”, que terminaría siendo el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

En ese sentido, sostuvo que lo que propone Orsi “ya existe” y sus competencias están dentro del MEC. “Nuestro Ministerio de Justicia, dentro del organigrama uruguayo, es el Ministerio de Educación y Cultura”, afirmó Chediak.

“Todos los temas vinculados a la Justicia en el sistema constitucional uruguayo son bastante lejanos a las competencias del Poder Ejecutivo. Uruguay diseñó y sigue teniendo la Justicia mejor valorada de las Américas. Un sistema en el que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no tiene injerencia alguna en el funcionamiento concreto”, explicó.

Como ejemplo, el exministro tomó el caso de Estados Unidos, donde Donald Trump “propuso nombres en el Senado para integrar la Suprema Corte de Justicia” de su país, acción que el presidente de Uruguay no puede hacer, ya que “es resorte absoluto de la Asamblea General del Poder Legislativo”.

Por otro lado, Chediak argumentó que la creación de un ministerio “no es gratis” y supondría crear “muchísimos cargos”. “Se va generando toda una infraestructura burocrática”, opinó.

Además, agregó que se necesitaría una partida presupuestal de “varios millones de dólares” y “un inciso ministerial que compita con el presupuesto”. “Eso es importante”, señaló, y recordó que “desde hace muchísimas décadas, gobierne quien gobierne, el Poder Judicial recibe un dólar de cada 100 del presupuesto nacional, es decir, el 1%”, al cual —según dijo— se le niegan aumentos.

Chediak advirtió que la creación de un Ministerio de Justicia es algo “peligroso” porque, “en lo jurisdiccional, está prohibido por la Constitución de la República”.

De acuerdo con esto, recordó el antecedente del Ministerio de Justicia durante la última dictadura militar, al que señaló como un ejemplo de los riesgos que puede implicar la existencia de esa cartera.

Según explicó, el organismo fue utilizado por el régimen para avanzar sobre el Poder Judicial luego de haber vulnerado la institucionalidad democrática. En una primera etapa, a través del Acto Institucional nº 3 de 1976, se presentó como un órgano destinado a coordinar al Poder Ejecutivo con la Justicia.

Sin embargo, al año siguiente, con el Acto Institucional nº 8, ese ministerio pasó a convertirse en un órgano con supremacía sobre el sistema judicial, bajo cuya órbita quedaron el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Fiscalía, entre otros organismos.

Chediak sostuvo que ese proceso implicó una pérdida total de independencia del sistema judicial, además de la destitución de jueces y funcionarios por motivos ideológicos. Esa estructura fue eliminada tras el retorno democrático en 1985, cuando se aprobó una ley que suprimió el Ministerio de Justicia y devolvió las competencias a los organismos correspondientes.

Chediak también advirtió que la eventual creación de un Ministerio de Justicia podría introducir un nuevo actor político “recostado sobre el Poder Judicial”, lo que a su juicio abriría la puerta a presiones indirectas sobre el sistema de justicia. En particular, mencionó el vínculo con la Fiscalía, ya que el ministro podría transformarse en un responsable político ante el Parlamento por el funcionamiento del organismo. “Sería un ministerio político recostado sobre el Poder Judicial”, señaló, y sostuvo que esa situación podría terminar “haciendo presión sobre el sistema de Justicia”.

En ese sentido, concluyó que el problema central no es la falta de institucionalidad, sino la falta de recursos para el sistema judicial. “Para estas cosas vinculadas a la justicia nunca sobra el dinero”, afirmó.

A su juicio, antes que crear una nueva cartera, el país debería fortalecer el sistema existente y asignarle más presupuesto, en lugar de sumar “toda una estructura burocrática” que —según dijo— no resolvería los problemas de fondo.