Charles Carrera presentó dos denuncias ante CIDH y ONU contra Estado uruguayo y Fiscalía

El exsenador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera aseguró que presentó dos denuncias internacionales basadas en la “violación” de sus “derechos humanos, producto del espionaje ilegal” del que fue “víctima”. También arremetió contra las “graves irregularidades” cometidas por la Fiscalía General de la Nación “en la causa penal que se ha impulsado en [su] contra”.

Una de esas denuncias fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la otra ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con un escrito difundido por el exlegislador, al que accedió Montevideo Portal.

“La denuncia presentada ante la CIDH señala la responsabilidad del Estado por no investigar ni sancionar el espionaje ilegal que sufrí, luego de que denunciara públicamente la ilegalidad del acuerdo portuario entre el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie. En la investigación judicial vinculada a Alejandro Astesiano, entonces jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, se reveló un plan para espiarnos y chantajearnos a Mario Bergara y a mí, con el objetivo de que retiráramos nuestra denuncia”, reza el documento.

Así, Carrera reclama que la orden de espionaje “provino de un tercero aún no identificado” y que, “a pesar de los indicios contundentes, la Fiscalía decidió no profundizar en la investigación”. “Este caso permanece paralizado desde hace casi tres años, y la información obtenida ilegalmente ha sido utilizada para justificar una persecución penal arbitraria en mi contra”, asevera el exsenador del FA.

Por otro lado, la denuncia ante la Relatoría Especial de la ONU trata sobre el “uso político del sistema penal por parte de la Fiscalía, así como violaciones” a su derecho al debido proceso y sus derechos “fundamentales”.

“La causa penal que enfrento se basa en un hecho del año 2012 cuando, siendo director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, un civil fue atendido por razones humanitarias en el Hospital Policial. Esta práctica, habitual en ese entonces, nunca fue motivo de sanción penal en otros casos similares. Sin embargo, en mi caso, el Ministerio del Interior me denunció por presunto uso indebido de recursos públicos”, expresa Carrera y añade que esta denuncia “destaca varias irregularidades alarmantes”.

En primer lugar, listó el exjerarca del Interior, que el pedido de desafuero en su contra fue presentado un mes antes de las elecciones nacionales “sin una investigación concluida” y “claramente con intención de afectar [sus] derechos políticos”. Además, denunció que la investigación preliminar se extendió por casi tres años “sin avances” y “con un fuerte impacto” en su imagen pública.

Carrera también indica como irregularidad que Mónica Ferrero, fiscal de Corte subrogante, rechazó su recusación y nombró como fiscal del caso “arbitrariamente” a Sandra Fleitas, quien está “vinculada al Partido Nacional”, señaló. Ella cambió “toda la teoría de la acusación” a menos de un mes de asumir e imputó tres delitos nuevos sin haberlo investigado “ni brindado oportunidad de defensa”, sostiene el exsenador.

Por último, Carrera reclamó que Fleitas solicitó medidas cautelares “desproporcionadas”.

“Estas denuncias se basan en estándares internacionales que exigen un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de presiones políticas. Sostengo que el Estado uruguayo ha incumplido con sus obligaciones internacionales y ha permitido que mi caso permanezca en la impunidad, vulnerando mis derechos a la vida privada, al debido proceso, a la defensa y a la libertad de expresión. […] Seguiré utilizando todas las vías institucionales e internacionales disponibles para que se respeten mis derechos y se termine con la persecución política de la que soy víctima”, finaliza el escrito del exsenador.