Caso mellizas: la sentencia será el 10 de diciembre y la defensa pidió inimputabilidad
El defensor Joaquín Gamba cuestionó las pericias y la intención de matar. Fiscalía solicitó 30 años de cárcel y 15 de medidas eliminativas.
El juicio contra la mujer de 22 años acusada de matar a una de sus hijas mellizas de nueve meses y herir gravemente a la otra en Tacuarembó llegó este jueves a su etapa final. Tras los alegatos de las partes, la Justicia dictará sentencia el próximo 10 de diciembre.
La defensa, encabezada por el abogado Joaquín Gamba, solicitó que se declare la inimputabilidad de su defendida, al considerar que existen dudas razonables sobre su capacidad para comprender la ilicitud de sus actos al momento de las agresiones.
Durante sus alegatos, el defensor no cuestionó que la mujer provocó las lesiones ni que estas ocasionaron la muerte de una de las niñas. Sin embargo, sostuvo que no se puede establecer con certeza cuál era su estado mental cuando ocurrieron los hechos.
En ese sentido, Gamba hizo referencia a los antecedentes psiquiátricos de la acusada, los cambios de comportamiento advertidos por sus familiares y los pedidos de ayuda realizados antes del episodio.
También cuestionó las conclusiones de algunas pericias médicas y señaló que un diagnóstico de trastorno de personalidad no descarta la posibilidad de un brote psicótico agudo.
El planteo coincide con parte de lo expuesto durante la última audiencia de presentación de pruebas, cuando una junta de psiquiatras de la Facultad de Medicina sostuvo que no podía confirmar ni descartar que la mujer hubiera sufrido un episodio de esas características.
No obstante, la propia defensa reconoció que tampoco quedó demostrado que efectivamente atravesara un brote psicótico durante las agresiones.
Otro de los puntos abordados fue la actuación de las autoridades antes de lo ocurrido. Gamba cuestionó la respuesta policial e institucional frente a las advertencias de los familiares sobre la situación de la mujer y el riesgo al que estaban expuestas las niñas.
Asimismo, discutió la existencia de una intención directa de matar y pidió que se analizaran por separado las agresiones sufridas por cada melliza, además de considerar las conductas de auxilio posteriores.
En caso de que la Justicia resuelva condenarla, el defensor solicitó que se reconozca una capacidad disminuida como circunstancia atenuante, se establezca una pena inferior a la máxima y se rechace la aplicación de medidas eliminativas de seguridad.
Por su parte, la Fiscalía, encabezada por Luciana Jesús, solicitó una pena de 45 años, compuesta por 30 años de penitenciaría y otros 15 de medidas eliminativas de seguridad.
La acusación sostiene que la mujer actuó con conciencia y voluntad cuando agredió a sus hijas, por lo que considera que debe responder penalmente por los hechos.
El caso ocurrió el 21 de junio de 2025, cuando las dos bebés fueron trasladadas al Hospital de Tacuarembó con múltiples lesiones. Una de ellas murió pese a los esfuerzos médicos, mientras que su hermana sobrevivió tras permanecer internada en cuidados intensivos.
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