Caso del sargento: directora de INAU había avisado por posible captación sexual de menores

La directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en representación de la oposición, Carina Gómez, advirtió que el episodio ocurrido en Las Piedras obliga a revisar los mecanismos de protección de adolescentes que realizan salidas no acordadas de los centros y reveló que la situación había sido planteada formalmente ante el directorio del organismo el pasado 15 de julio.

En esa oportunidad, a partir de información recogida durante una recorrida por un centro residencial femenino, Gómez planteó que existían relatos provenientes de distintos centros que podían ser compatibles con dinámicas de captación y explotación de adolescentes atendidas por el sistema.

Según explicó, la reiteración de situaciones y determinados elementos comunes llevaron a que se dejara constancia formal de la preocupación por la posible existencia de un “mecanismo sostenido de captación con fines de explotación sexual”.

La directora aclaró que el planteo no implicaba afirmar la existencia de una red criminal determinada, algo que corresponde establecer a las investigaciones competentes, sino advertir que existía información suficientemente seria como para reclamar la actuación coordinada del Estado.

A partir de esa situación, la representación de la oposición solicitó que el asunto fuera tratado con carácter urgente y reservado, que se adoptaran medidas de protección, que interviniera la asesoría jurídica del organismo y que se gestionara una reunión urgente con el ministro del Interior.

Según Gómez, esa reunión todavía no se concretó.

“Cumplir el protocolo no necesariamente significa proteger”

El planteo adquiere especial relevancia después del episodio ocurrido en Las Piedras, en el que una persona falleció y tres adolescentes vinculadas al sistema de protección de INAU se encontraban en el vehículo involucrado.

Gómez reconoció que INAU activó el protocolo correspondiente y realizó la denuncia policial ante la salida no acordada de una de las adolescentes, sobre quien existía una situación de riesgo previamente identificada.

Sin embargo, sostuvo que la discusión no debería agotarse en determinar si los procedimientos administrativos fueron correctamente cumplidos.

“Aplicar un protocolo no es necesariamente lo mismo que conseguir proteger a nuestras adolescentes”, señaló.

Para la directora, una adolescente puede salir de un centro, activarse correctamente la denuncia y posteriormente regresar al sistema, pero eso no responde qué ocurrió durante esas horas ni elimina los riesgos a los que pudo haber estado expuesta.

En ese sentido, mencionó especialmente el contacto con adultos, drogas, violencia, explotación o posibles mecanismos de captación.

“Reintegrarla físicamente al centro no puede significar simplemente volver al punto de partida”, afirmó.

Revisar las salidas de mayor riesgo

Gómez planteó que el episodio debería impulsar una revisión profunda de las denominadas salidas no acordadas, particularmente aquellas consideradas de mayor riesgo.

Entre las medidas que entiende necesario analizar mencionó sistemas de alerta frente a salidas reiteradas, búsqueda activa, intercambio y análisis conjunto de información, investigación sobre los adultos que mantienen contacto con las adolescentes y una coordinación inmediata entre INAU, el Ministerio del Interior y Fiscalía.

La directora recordó, además, que actualmente está en revisión el protocolo de actuación ante salidas no acordadas.

A su juicio, la discusión debe trascender el funcionamiento formal de ese instrumento.

“Estamos hablando de adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado. Nuestra obligación va más allá de llenar un formulario, realizar una denuncia o activar correctamente un protocolo. La obligación se cumple cuando somos capaces de proteger”, concluyó.