Caso del niño Luciano generó un duro cruce y acusaciones entre especialistas médicos

El caso de Luciano Silveira, el niño que fuera encontrado muerto en el castillo inflable de un cumpleaños a fines del 2016, generó un impacto fuerte en la sociedad que aún tiene derivaciones penales y profesionales. Por este caso fueron procesados sin prisión el dueño del local donde se realizó el cumpleaños, su hermano y una animadora.

La familia de la víctima denunció varias irregularidades en los procedimientos, tanto por parte de los procesados como de la Policía, y apuntó también a la responsabilidad de los padres del niño que cumplía años (a lo que la Justicia no dio lugar).

Cuando José, el padre de Luciano, fue a buscarlo al cumpleaños, los organizadores del festejo no lograron encontrarlo en ningún lado. Mientras José esperaba afuera, la familia del cumpleañero solicitó a los animadores que se desenrollara el inflable, que se había guardado poco antes; en el medio del castillo, sin vida, se encontraba Luciano.

La causa de la muerte del niño fue uno de los puntos clave del caso, esencial para determinar las responsabilidades. La hipótesis acusatoria establecía que el inflable se enrolló sin que nadie se diera cuenta de que el niño estaba adentro -desvanecido o dormido- y de que a raíz de ello murió asfixiado. La parte demandada argumentó que, como se encontraron en el cuerpo concentraciones altas de un medicamento para tratar la epilepsia, el niño pudo sufrir una muerte súbita. También señalaba que Luciano pudo meterse dentro del inflable una vez que este fue enrollado, y que por eso nadie lo vio cuando se guardó el castillo.

Primer reporte

Para sustentar esta teoría, el abogado de los dueños del salón de fiestas, Alejandro Balbi, presentó un informe forense del doctor grado 5 Guido Berro.

En su peritaje Berro descarta la asfixia por sofocación facial, compresión toráxico-abdominal, "por la ausencia de sus características tan evidentes en estos casos", e indica que el niño tenía una sobremedicación de hasta cuatro veces la dosis terapéutica.

También señala que el cuerpo de Luciano no presentaba evidencias de traumatismos externos ni lesiones, lo que a priori descartaría que los otros niños hayan saltado sobre él cuando el inflable se estaba enrollando (las cámaras muestran a niños jugando cuando se hacía).

Esta teoría establece que el niño se habría colocado dentro del juego una vez que se desinfló y murió luego por el exceso de medicación. Sin embargo, el abogado de la familia de Luciano, Pablo Sosa, había afirmado a Montevideo Portal que en la reconstrucción "quedó claro que es imposible que lo hiciera solo".

La familia de Luciano solicitó otro informe al médico grado 5 Hugo Rodríguez Almada (director del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses), que concluyó que sí se trató de una muerte por asfixia.

Ante estas contradicciones entre ambos peritajes, el juez Hugo Rundie ordenó en su momento un nuevo informe del Instituto Técnico Forense (ITF) para llegar a una conclusión sobre las causas de la muerte.

Esta nueva pericia también concluyó que la muerte se produjo por asfixia y no por una epilepsia favorecida por la medicación.

Guerras médicas

La familia de Luciano denunció al doctor Guido Berro ante el Tribunal de Ética Médica al entender que "cometió dolo para beneficiar a sus clientes". Es decir, que no actuó regido por su convicción científica sino con el ánimo de beneficiar a quien le pagaba honorarios por el trabajo.

El Tribunal de Ética Médica, sin embargo, tras analizar el caso y citar a especialistas (entre ellos los forenses que trabajaron en el caso) desestimó la denuncia al entender que "se trata de un tema opinable" y que la conclusión de los peritos consultados fue que, si bien el informe forense presentado por la familia se acercaba más a la realidad de lo ocurrido que el de Berro, la otra hipótesis no podía descartarse. En los descargos, Berro mantuvo su teoría.

Entre las personas citadas a declarar estuvo el neuropediatra grado 5 Gabriel González, quien fue consultado para establecer si lo afirmado por Berro -es decir, que el exceso de medicación pudo causar la muerte en el paciente epiléptico- era posible. Pero la discrepancia profesional entre colegas provocó un cruce con acusaciones sobre faltas a la ética profesional, entre otras consideraciones.

Ello se debió a que Berro formuló una denuncia que involucró al neuropediatra González, al considerar que al ser tío del asesor letrado del Tribunal se constataba una situación irregular por parentesco. El forense trató de "lamentable", "vergonzante" y "preocupante" el hecho, recusando la participación del asesor letrado. "Es llamativo y penoso que se haya omitido un dato de tal envergadura", escribió.

El Tribunal de Ética Médica no dio lugar al pedido de Berro. Replicó que "contrariamente a lo que alega el Dr. Berro en su denuncia recusatoria, el perito González Rabelino no fue contratado por la parte y no es un perito de parte. El referido perito es un auxiliar del Tribunal contratado por el Colegio Médico". Por eso, "tampoco es este un hecho jurídicamente relevante a los efectos del deber excusarse denunciado por el Dr. Berro".

Los términos vertidos en la solicitud, sin embargo, provocaron una dura respuesta en una carta que el neuropediatra envió al Tribunal de Ética, en la que acusa a su colega de poco riguroso, soberbio y de no interesarse en hallar la verdad.

En ella, explicó que los padres concurrieron a su lugar de trabajo y le solicitaron un peritaje en su calidad de director de la cátedra de Neuropediatría de la Facultad de Medicina, algo que aceptó tras consultar con el Tribunal de Ética Médica si podía excusarse de hacerlo. Desde el Tribunal se le dijo que podía excusarse en caso de tener conflicto personal con el denunciante o denunciado, según explica en la misiva.

En su carta dirigida al Tribuna de Ética Médica, el neuropediatra manifestó su "rechazo, indignación y desprecio" por la denuncia en su contra formulada por Berro, que a su juicio intentaba "derivar el tema central o victimizarse".

Acaró que el representante legal del Colegio Médico -su sobrino- no fue quien le pidió el peritaje sino los padres del niño, como consta en el expediente, y que no obtuvo ningún beneficio ni él ni su pariente, e incluso debió suspender una semana de las actividades a las que se dedica plenamente.

Explicó que no tiene relación con demandante ni demandado y que realizó una "valoración totalmente objetiva".

De lo personal a lo profesional

"No comprendo la maniobra y mala fe del demandado y su representante legal, que con esta actitud me hacen dudar de su proceder ético", escribió.

Además, González dijo que el análisis hecho por Berro "demuestra poca rigurosidad científica o ningún conocimiento sobre la epilepsia infantil, con groseros errores conceptuales".

Agregó que aunque Berro demostró un buen manejo del terreno legal, tuvo "escasa objetividad y autocrítica, más interesado en direccionar los datos de la pericia para su hipótesis que dar con la verdad de lo acontecido".

A su juicio, Berro "minimiza un hecho de gran relevancia, que es donde aparece el cuerpo, enrollado en un inflable". Asegura que el forense descalificó su informe por usar la palabra "convicción" y no analiza un tema central . "Cómo y dónde aparece el cuerpo del niño no es un tema menor, deja en evidencia su proceder y no admite comentarios", puntualizó.

El neuropediatra reiteró sus críticas a la hipótesis de Berro sobre la muerte del niño, a la que citó: "El niño se escondió en el interior de inflable, se enrolló y ahí presentó una muerte súbita, explicado porque era inquieto y todos los niños se esconden". "Esta hipótesis del demandado es poco seria y repetirla aún más. Realmente parece una idea fantasiosa sin fundamento alguno, carente de justificación, inexplicable para quien pregona rigurosidad en el análisis de la información, menospreciando el sentido común de los hechos", dijo.

Dijo que hace más de 30 años que trata niños con epilepsia y que los conceptos vertidos por Berro al respecto demuestran no solo "un total conocimiento de la pediatría y neurología infantil sino de los conceptos básicos de la medicina general". "Ni la soberbia ni sentirse dueños de la verdad son buenas aptitudes para nuestra práctica médica", recalcó.

"Es inadmisible que vuelvan a repetirse groseros errores como afirmar que una dosificación elevada en un niño que recibe una benzodiazepina en forma crónica e ingresa lúcido a un cumpleaños sea la causa del fallecimiento, hecho que además de poner en juicio el buen proceder de un colega intachable como es el doctor Ruggia (quien atendía al niño) generó confusión en los padres", agregó.

"Así como tampoco que la cianosis encontrada es por una posible crisis epiléptica que presentó previamente, o afirmar como una realidad que el niño se auto enrolló en la profundidad del inflable por ser inquieto y luego ahí sufre una muerte inesperada. Este razonamiento parece menospreciar la capacidad cognitiva de los participantes", concluyó.

Nota: debido a la sensibilidad del caso, se decidió eliminar la posibilidad de comentar en este artículo.