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En pugna

Caso Miralles: anestesista demanda más de US$ 2 millones a mutualista Universal por daños

La mujer reclama una compensación por los perjuicios económicos y a su imagen, y alega que el consumo de fentanilo nunca fue probado.

18.11.2026 18:19

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Montevideo Portal

La anestesista María Inés Miralles, condenada por el homicidio culposo de la pediatra Soledad Barrera, reclama US$ 2.182.000 a la mutualista Universal por los perjuicios que, según sostiene, le provocó la decisión de dejar de convocarla para participar en intervenciones quirúrgicas en 2024, luego de que surgieran sospechas sobre un eventual consumo de fentanilo.

La demanda judicial fue presentada ante el Juzgado de Conciliación de 3º Turno y contempla US$ 2.160.000 por lucro cesante —los ingresos que Miralles sostiene que dejó de percibir al no ser convocada para trabajar—, US$ 20.000 por daño moral, y US$ 2.000 por daño emergente, correspondiente a gastos o pérdidas económicas concretas que atribuye a la situación. La información fue publicada por Búsqueda y confirmada por Montevideo Portal.

El 10 de setiembre, Universal se presentó a la audiencia de conciliación y manifestó su rechazo al reclamo. La mutualista consideró que los argumentos de la anestesista “tergiversan y falsean la realidad”. Al no lograrse un acuerdo entre las partes, el expediente fue archivado en ese juzgado y Miralles deberá continuar el proceso mediante la presentación de una demanda civil ante la sede correspondiente.

En la demanda, Miralles señala que comenzó a trabajar para Universal en 2016, mediante un acuerdo verbal de arrendamiento de servicios por el que era convocada de forma periódica para integrar equipos quirúrgicos.

Según su relato, las sospechas sobre un posible uso excesivo de fentanilo durante las intervenciones y un eventual consumo personal surgieron en 2023. Los comentarios se intensificaron en noviembre, luego de que una enfermera la acusara de consumir sustancias, algo que, sostiene la anestesista, “nunca fue probado”.

Ante esa situación, Universal le exigió realizarse estudios. El primer análisis de orina dio negativo y, tras la intervención de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU), las partes acordaron que Miralles debía someterse a controles médicos para retomar su actividad. También se estableció que la mutualista colaboraría en la elaboración de un protocolo para abordar situaciones similares.

El 6 de diciembre de 2023, se realizó un segundo examen mediante cromatografía de gases, coordinado en el Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química de la Universidad de la República. El estudio, que según la denuncia es el único método disponible en Uruguay para detectar fentanilo en orina, tampoco encontró presencia de opiáceos, opioides ni fentanilo.

Pese a esos resultados, Universal resolvió dejar de convocarla. Como antecedente, la denuncia menciona una nota del 25 de marzo de 2024, firmada por el doctor Fausto Madrid y dirigida a la dirección técnica de la mutualista, en la que expresaba “su descontento con la doctora Miralles” y cuestionaba su desempeño, atribuyéndole un consumo de fentanilo superior al de otros anestesistas, además de ausencias frecuentes durante las operaciones.

La última vez que la médica fue convocada fue el 8 de abril de 2024. Miralles sostiene que le comunicaron que dejarían de llamarla por las sospechas de consumo, pero que no recibió oportunamente la nota de Madrid y se enteró de su contenido a través de las publicaciones en la prensa, cuya difusión “le aparejó daños y perjuicios que afectaron seriamente su reputación”.

Según informó Búsqueda, desde la mutualista sostienen que si bien no se comprobó el consumo personal de fentanilo, existían cuestionamientos sobre el manejo de la medicación y ausencias de la anestesista durante las intervenciones. Por ese motivo, la institución resolvió dejar de convocarla, alegando una “pérdida de confianza”.

Además, Universal cuestionó el reclamo por lucro cesante, al señalar que Miralles trabajaba como profesional independiente y no tenía ingresos garantizados. También planteó: “¿Cómo puede hacer este reclamo si está inhabilitada para ejercer?”.

La denuncia se produce luego de que el pasado 10 de noviembre el presidente de la República, Yamandú Orsi, resolviera restablecer en cinco años la inhabilitación de Miralles para ejercer la medicina, después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) la hubiera reducido a tres. La decisión se tomó en el marco del caso de Soledad Barrera, la paciente que quedó en estado vegetativo tras una intervención en la que participó la anestesista. El episodio también derivó en la renuncia del director de Jurídica del MSP.

Montevideo Portal