Caso Manuel: la carta de los padres al decano de Medicina y los detalles sobre los médicos

Los padres de Manuel, el niño que falleció en el marco de una presunta mala praxis, elevaron al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), Arturo Briva, una carta en la que se refieren a los comunicados que se han difundido en diversos ámbitos académicos sobre el caso de su hijo.

Manuel murió a los 13 meses de vida, cuando fue operado por una malformación congénita pulmonar benigna. Desde el Casmu conformaron un equipo médico para llevar adelante la cirugía, que contó con un grado 3 en Cirugía Pediátrica del Hospital Pereira Rossell y un grado 5, quien también estaba presente.

Luego del fallecimiento, los padres se enteraron de que también se hizo presente una cirujana pediátrica grado 2, algo que en la previa desde la mutualista no se había informado a la familia.

Luego de nueve horas de cirugía y decenas de contratiempos, así como también de un accionar por lo menos cuestionable de los médicos, Manuel falleció tras pasar un posoperatorio con mucho dolor.

Bibiana y Eduardo, en su carta a Briva, hicieron una serie de “consideraciones institucionales, éticas y jurídicas ante la gravedad de los hechos investigados y el impacto público” que han tenido los pronunciamientos de diferentes organismos médicos.

Los padres recordaron que el pasado 17 de diciembre los tres médicos implicados fueron imputados por la Justicia, siendo “una decisión judicial adoptada luego de analizar pruebas concretas”. En este sentido, mencionaron una serie de elementos que las autoridades recogieron para avanzar con la investigación hasta formalizar las indagatorias.

“Hablar de esto no es revictimizar o exponer, es ejercer un derecho básico en un Estado de derecho”, añade el texto al que tuvo acceso Montevideo Portal.

Eduardo y Bibiana hacen un raconto de los elementos que surgen de la carpeta fiscal, como pericias, para fundamentar que los comunicados que salieron a la opinión pública “no analizan la historia clínica, no responden las preguntas fiscales, no integran el expediente ni fueron solicitados por la Fiscalía”.

Las sociedades médicas que se refirieron al caso de Manuel fueron: Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay (Siepu) y la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva.

A esto se le suma un documento remitido a la cátedra de Neumología Pediátrica de la Facultad de Medicina, que respalda a los dos cirujanos que operaron a Manuel.

“Corresponde señalar, de forma objetiva y documentada, que dos de las profesionales firmantes de dicho comunicado participaron directamente en la atención médica de Manuel, en instancias previas y determinantes de su recorrido asistencial”, indica la carta remitida a Briva.

Una de las firmantes tuvo como paciente al menor fallecido y tenía acceso a la tomografía computada de alta resolución. La Fiscalía pudo comprobar que de ese estudio no se dejó constancia, no hubo análisis exhaustivo de la anatomía pulmonar, no se precisó la localización exacta de las lesiones quísticas, no se evaluó ni tampoco se documentó la integridad o no de las cisuras pulmonares.

Tampoco, durante esa consulta y posteriormente, se habló o informó a la familia de Manuel sobre la complejidad de aquello a lo que se iba a someter al menor. Eduardo y Bibiana insisten en que muchos de los profesionales que intervinieron en el proceso —a quienes la Justicia dirá si les cabe o no responsabilidad de algún tipo— han firmado los comunicados.

“Lo mismo sucede con la cirujana grado 2 participante de la cirugía de Manuel —quien no aparece en la historia clínica, pero que tanto los cirujanos imputados como ella misma reconocieron en audiencias su participación—: firma sin ningún reparo el apoyo al equipo quirúrgico en un acto totalmente antiético, dada su presencia dentro del block”, añaden.

Historia clínica

Sobre la historia clínica de su hijo, Eduardo y Bibiana recuerdan que el documento tiene un estatuto legal y ético regulado por la legislación uruguaya. En el caso de Manuel, este no fue entregado de forma inmediata, sino de manera tardía, aseguran.

“Nunca se nos entregaron los registros audiovisuales de la cirugía ni todas las imágenes diagnósticas que deberían integrar el registro asistencial”, sostiene la carta.

En este caso tampoco hay registros de las consultas con el cirujano grado 3 en el Casmu, que abarcaron diferentes aspectos médicos antes de ejecutar la operación del niño.

Asimismo, recuerdan que el Estado, a través de organismos como ASSE o el Ministerio de Salud Pública, emitió documentos que la defensa de los imputados denunció como falsos.

Sin embargo, los padres del menor explican que existe una trazabilidad y un sustento en base a la información de esos textos que indican que, por el contrario de lo planteado por los imputados, son verdaderos.

Finalmente, Eduardo y Bibiana entienden que existe una “respuesta corporativista” ante la imputación de los profesionales dispuesta por la Justicia. Esto, vislumbrado a través de los comunicados, lo que hace es analizar la muerte de Manuel, pero sin un sustento jurídico que tenga correlación con lo llevado adelante en el ámbito fiscal.

“No se orienta a la búsqueda de la verdad ni a la revisión crítica de las actuaciones para mejorar el ecosistema y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir, sino a blindar un sistema, preservar jerarquías y cerrar filas frente a la evidencia documentada”, indica el texto.

“La verdad no se construye con relatos ni con silencios, sino con documentos completos, registros íntegros, pericias técnicas y transparencia institucional. Eso es lo que pedimos, eso es lo que aportamos y eso es lo que hoy respalda una investigación penal en curso”, finaliza.