Mario Cardama, dueño del astillero español denunciado por el gobierno uruguayo por “estafa” en el marco de un contrato por más de US$ 92 millones de dólares, dijo que no tiene “ninguna constancia de ninguna denuncia”.

“La prensa de Uruguay sale todos los días a decir cosas, pero yo no tengo ninguna denuncia. Si hay una, contestaré el día que lo tenga que hacer en los juzgados o en donde sea”, afirmó el empresario gallego en diálogo con MVD Noticias.

Cardama dijo que no hará “ningún comentario”. “Desconozco de la primera denuncia, de la segunda, de la tercera. No conozco ninguna. Solo de la prensa y como empresa no me muevo por la prensa, me muevo por hechos”, dijo el español.

De acuerdo con el dueño del astillero, Cardama avanzará cuando tenga “documentación real”, que refiere a papeles, reuniones, actas y correos. Asimismo, el español adelantó que su astillero construyó un 60% de la primera patrulla oceánica y que continúan las obras.

Tal como informáramos, el presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que su gobierno ampliará la denuncia penal contra el astillero español Cardama después de anunciar que rescindiría el contrato, que calificó como “una trampa”, por más de US$ 92 millones ante la posibilidad de una “estafa” o “fraude”.

“No vamos a tener más remedio. Si a ti te aparece un documento que un notario español te dice que está falsificado… Cuando nosotros encontramos y la realidad te muestra que hay cosas que no pueden transcurrir, que no pueden avanzar así porque o hay fraude o algo similar, no tenés más remedio que denunciarlo”, sostuvo Orsi.

El exintendente de Canelones insistió en que la estrategia legal del Estado uruguayo no tiene el objetivo de “atacar a nadie”, sino de “defenderse de acciones de este tipo”. En esa línea, Orsi destacó “la transparencia antes que nada”, así como “la defensa de los recursos del Uruguay” y “la defensa de nuestro mar territorial”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que jerarcas de la administración de Luis Lacalle Pou, en la que se firmó el contrato con el astillero español, estuvieran involucrados en el “fraude” de Cardama, Orsi fue tajante: “No me imagino eso”.

“Lo que estamos viendo es que hubo una empresa que no se portó bien. Conozco a las personas que estuvieron al frente de los ministerios, con quienes tenemos un diálogo fluido. Lo que parece que pasó es que se obró de manera incorrecta para con el Estado uruguayo, y eso es lo que tiene que corregirse y enderezarse para que podamos tener las patrulleras funcionando”, afirmó.

Orsi sostuvo que “si las cosas están mal hechas”, su gobierno la va “a frenar”. “El formato del contrato es una trampa. Me preocupa mucho la forma de cómo se definió. Hay que estar muy alertas a que estemos arriba nosotros de lo que son las certificaciones, porque con una carta de crédito se corren esos riesgos. Necesitamos mucha tranquilidad y análisis frío, no solo de la Justicia, sino también de Jurídica de la Presidencia y del gobierno nacional”, insistió el presidente.

Según dijeron fuentes oficiales a Montevideo Portal, el área de Asesoría Jurídica será la que presente la ampliación de la denuncia, que incorporará “documentos con nuevas pericias” del caso. Subrayado informó que la dirección de Presidencia entregará la ampliación este martes ante la Fiscalía General de la Nación.

El pasado 23 de octubre, el gobierno presentó una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía que presentó en su contrato con el Estado uruguayo. La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, la que tenía que presentar 45 días después de firmado el contrato.

La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregadas a la Armada Nacional, que las utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.

Desde el gobierno de Orsi informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo el pasado martes a De no olvidar que el gobierno uruguayo tiene la intención de “revisar muchos aspectos del contrato” firmado durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou.

“Nos generan dudas un montón de situaciones que son extrañas”, dijo el jerarca del Poder Ejecutivo. En esa línea, Sánchez cuestionó que Cardama contratara a la certificadora Lloyd —reconocida a nivel mundial— con “plata del Estado”, y afirmó que “hay muchas cosas para rediscutir y poder reacomodar esta situación para preservar los recursos que ya pusimos y por qué lo que queremos es tener OPV [buque de patrulla oceánica]”.

Sánchez dijo que el Estado debe analizar “componentes” del contrato con el astillero español. En primer lugar, el secretario de Presidencia se refirió a la “compra directa” que el gobierno anterior ponderó antes que una “licitación que decidió dejar desierta”.

“Fue por un camino de compra directa y trae a este astillero, que no tiene experiencia en construir este tipo de embarcaciones. Sí tiene muchos años, pero no experiencia en construir este tipo de barcos”, sostuvo, y afirmó que la construcción de Cardama es un “prototipo”.