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La causa avanza en dos países

Caso Camila: Fiscalía amplía pesquisa y procura averiguar si hubo otras víctimas

El Ministerio Público también busca establecer si el hombre que llevó a la menor sanducera a Buenos Aires tenía cómplices.

05.11.2026 07:48

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La Fiscalía de Paysandú abrió nuevas líneas de investigación en el caso de Camila Ayelén Rodríguez, la joven sanducera de 15 años que el mes pasado fue llevada ilegalmente a Buenos Aires, en un presunto caso de trata de personas y explotación sexual.

Según informó el periódico El Telégrafo, se procura determinar si hubo otras víctimas y si terceras personas colaboraron en el traslado a Argentina de una adolescente de 15 años con fines de explotación sexual. También se investiga cómo se produjo el cruce fronterizo y se mantiene la intención de lograr la extradición del imputado, aunque su situación judicial en Argentina podría demorar el procedimiento.

El fiscal letrado departamental de Segundo Turno, Joaquín Suárez Bozzolo, confirmó que se están realizando diversas acciones para establecer si existieron otros delitos y determinar eventuales responsabilidades de personas que pudieron haber participado en los hechos.

Las actuaciones se desarrollan en paralelo al proceso judicial en Argentina contra C.A.B.M., de 37 años, detenido el 18 de octubre en la localidad bonaerense de Campana, donde fue localizada la adolescente.

“Son múltiples las medidas de investigación que ya se obtuvieron y que se están desarrollando, tanto sobre la existencia del delito que se está investigando, así como también la existencia de otros delitos y la identificación de otras víctimas y de eventuales terceros que pueden haber colaborado”, explicó el fiscal, según recoge el citado medio.

En ese sentido, fue enfático al señalar que no se descarta la participación de otras personas: “No descartamos la participación de ningún tercero y en esos términos es que estamos investigando. No descartamos la participación de ninguna persona en la investigación que se está desarrollando”.

La investigación también busca profundizar en antecedentes del imputado, entre ellos su presunta vinculación con actividades sexuales comerciales, un intento anterior de trasladar a Argentina a otra joven del entorno familiar de la adolescente y testimonios que lo relacionan con posibles estafas y otras conductas delictivas.

INVESTIGAN CÓMO SE PRODUJO EL CRUCE FRONTERIZO

Otra de las líneas de trabajo abiertas por la Fiscalía apunta a esclarecer las circunstancias en que la adolescente atravesó el puente internacional General Artigas sin cumplir los procedimientos migratorios correspondientes.

Suárez Bozzolo confirmó que “se abrió otra línea de investigación respecto a las circunstancias en las que se dio este traspaso de la adolescente por el paso fronterizo”.

De acuerdo con el expediente judicial argentino, el hombre ingresó a Uruguay el viernes 16 de octubre a las 7:12 y registró su salida hacia Argentina a las 8:15, al volante de una camioneta Peugeot Partner. Antes de dirigirse al puente, habría recogido a la adolescente cerca de su domicilio.

Al llegar al paso fronterizo, le habría indicado que descendiera del vehículo y continuara a pie hacia la zona del free shop, mientras él completaba los trámites de cruce con la camioneta. En caso de ser interrogada, la joven debía decir que se dirigía al comercio fronterizo.

Posteriormente, la adolescente elaboró un croquis con el recorrido y las instrucciones que recibió, documento que fue incorporado como prueba judicial. La resolución también señala que el imputado habría arrojado su teléfono celular al río Uruguay para evitar que pudiera ser localizada mediante geolocalización.

URUGUAY INSISTIRÁ EN LA EXTRADICIÓN

La Fiscalía de Paysandú mantiene su intención de que el detenido sea trasladado a Uruguay para responder ante la Justicia nacional, pese a que en Argentina fue procesado con prisión preventiva por trata de personas con fines de explotación sexual, abuso sexual y delitos migratorios.

El fiscal consideró que la resolución adoptada en el país vecino representa un avance en la investigación y destacó la coordinación entre las autoridades de ambos países.

“Es un avance importante en la investigación y es un nuevo ejemplo de éxito de este trabajo coordinado que se ha realizado entre ambas autoridades”, manifestó.

También explicó que es esperable que la Justicia argentina investigue los delitos cometidos en su territorio, al igual que lo hace Uruguay con los hechos que corresponden a su jurisdicción.

“Insistimos en que entendemos que corresponde que sea juzgado en suelo uruguayo. Para eso ya estamos trabajando también en coordinación con la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación para poder realizar el traslado del imputado a suelo uruguayo”, señaló.

No obstante, reconoció que el procesamiento dispuesto en Argentina podría incidir en los tiempos del procedimiento de extradición.

“Naturalmente, el dictado de este procesamiento puede llegar a incidir, sobre todo, en cuanto al tiempo en que se pueda efectivizar ese traslado, pero al respecto estaremos a lo que se resuelva en este proceso de extradición”, explicó.

El fiscal evitó anticipar resultados o plazos.

LA INVESTIGACIÓN SEGUIRÁ INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXTRADICIÓN

Suárez Bozzolo aseguró que las actuaciones en Uruguay continuarán sin importar si finalmente el imputado es juzgado en Argentina o en territorio nacional.

“Nuestro compromiso con la investigación es independiente del resultado de la extradición. Vamos a seguir aunando todos los esfuerzos para continuar con la investigación y seguir con este ánimo también de colaboración, independientemente de si resulta, a fin de cuentas, que el procedimiento sea en Argentina o en Uruguay”, sostuvo.

Asimismo, destacó el vínculo de trabajo con la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y el intercambio permanente de información entre ambas instituciones.

“No queda más que destacar, como siempre, la excelente relación de trabajo que hemos tenido, en especial con la Fiscalía de Concepción del Uruguay, en donde la comunicación ha sido constante y también el intercambio de información entre ambos, que ha redundado en avances concretos e importantes en ambas orillas”, afirmó.

El fiscal subrayó que existe “claramente un compromiso compartido entre ambas autoridades para llegar al fondo del asunto y eventualmente que se dispongan las responsabilidades penales que corresponden”.

LA DECLARACIÓN DE LA ADOLESCENTE SERÁ UNA PRUEBA CLAVE

Entre las próximas diligencias figura la declaración judicial de la adolescente, aunque su realización dependerá de las evaluaciones de los profesionales que intervienen en su protección.

“Como elemento de evidencia absolutamente relevante en estos casos va a ser la declaración de la víctima”, indicó Suárez Bozzolo.

Antes de avanzar con esa instancia, la Fiscalía aguardará los informes técnicos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y de la Unidad de Víctimas, que deberán determinar si la joven está en condiciones de declarar y si resulta conveniente que lo haga.

También resta definir si la declaración se recibirá en Uruguay o en Argentina.

El fiscal confirmó que los equipos especializados comenzaron a trabajar desde que la adolescente fue localizada en Campana.

“El trabajo de la Unidad de Víctimas está desde el momento uno, desde que la misma fue habida en territorio de Campana. Ya se empezaron las coordinaciones, hay un equipo designado específicamente para trabajar con la misma y que también está trabajando en el lugar donde está residiendo actualmente la adolescente en amparo”, explicó.

LOS ANTECEDENTES QUE SURGEN DEL EXPEDIENTE ARGENTINO

Las nuevas líneas de investigación encuentran elementos de interés en una resolución de 74 páginas dictada por el Juzgado Federal nº 1 de Concepción del Uruguay, a la que accedió El Telégrafo.

Uno de los aspectos que recoge el documento es un vínculo anterior entre C.A.B.M. y una familiar de la adolescente, a quien habría intentado trasladar a Argentina para que desarrollara actividades sexuales comerciales.

Según declaró esa mujer, conoció al imputado aproximadamente dos años antes a través de una página de acompañantes, cuando él se presentó como cliente. Con el tiempo, el hombre habría comenzado a intervenir en la organización de esa actividad, administrando contactos, coordinando encuentros y trasladándola a distintas localidades de Uruguay.

La testigo mencionó viajes a Mercedes y Trinidad, donde el imputado habría gestionado los contactos con clientes y retenido parte del dinero obtenido.

También declaró que el hombre le propuso trasladarse a Argentina para continuar con esa actividad, ofreciéndose a actuar como su representante y encargarse de las publicaciones, los clientes y los pagos.

Como parte de la propuesta, le aseguró que tenía una quinta en Campana y que no tendría que preocuparse por los gastos de alojamiento y alimentación. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse.

Al analizar estos antecedentes, el magistrado argentino sostuvo que “de lo expuesto surge que la principal destinataria del plan de [C.A.B.M.] era […]. Durante meses insistió en llevarla a Campana para desarrollar con ella esa actividad. Frustrada esa posibilidad, el imputado dirigió sus esfuerzos por convencer” a la adolescente.

TESTIMONIOS SOBRE PRESUNTAS ESTAFAS Y OTRAS ACTIVIDADES

La declaración de la mujer mayor de edad también contiene referencias a otras actividades que el imputado habría desarrollado y que podrían configurar delitos independientes.

Según consta en el expediente, la testigo manifestó que C.A.B.M. le había contado que elaboraba pastillas con THC, el componente psicoactivo del cannabis, y que realizaba estafas a través de Mercado Libre mediante la utilización de documentos de identidad ajenos.

También afirmó que el hombre le había dicho que consiguió un automóvil mediante préstamos fraudulentos gestionados en Paysandú.

Estas manifestaciones integran un testimonio judicial, pero no constituyen hechos comprobados ni forman parte de los delitos por los que fue procesado en Argentina.

La mujer mencionó, además, que el imputado tendría un primo en Concepción del Uruguay, a quien vinculó con reuniones en las que presuntamente se habrían registrado episodios de violencia sexual contra mujeres. Estas afirmaciones tampoco cuentan con acreditación judicial.

PERICIAS EN CELULARES Y MÁS DE 1.200 CONTACTOS

La resolución argentina incorpora los resultados de las pericias realizadas a los dispositivos electrónicos incautados durante el allanamiento en Campana.

En uno de los teléfonos, los investigadores encontraron búsquedas relacionadas con servicios de acompañantes, correos electrónicos de plataformas de oferta sexual y conversaciones sobre tarifas, clientes, alojamientos, horarios y administración de dinero.

También constataron que el dispositivo tenía instalada la aplicación WhatsApp Business, con 1.214 contactos registrados.

El magistrado valoró esas comunicaciones como parte de los elementos que vincularían al imputado con la administración de actividades sexuales comerciales en el pasado.

Los investigadores recuperaron además mensajes intercambiados con la adolescente durante los días previos a su desaparición. En esas conversaciones, el hombre le ofrecía trasladarse a Argentina, vivir juntos y alejarse de las dificultades personales que atravesaba.

Según el juez, el imputado conocía la situación personal y familiar de la joven y habría aprovechado su vulnerabilidad para ganarse su confianza.

En uno de los mensajes, el hombre afirmó: “Sé cómo manejarme, cómo moverme desde lo digital de forma discreta e inrastreable, no es algo que tengas que preocuparte en lo más mínimo”.

Para el magistrado, esas comunicaciones, junto con el resto de las pruebas reunidas, permiten considerar que existió una planificación del traslado mediante promesas de protección y bienestar que ocultaban la finalidad atribuida al imputado.

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL NO LLEGÓ A CONSUMARSE

La resolución judicial también establece una precisión sobre la calificación del delito de trata de personas. Según el magistrado, no se comprobó que la explotación sexual de la adolescente llegara a concretarse.

“En el caso no se ha verificado que la explotación sexual de [la adolescente] haya llegado a producirse”, señala el documento.

Sin embargo, esa circunstancia no impide configurar el delito de trata, ya que la legislación argentina contempla esa figura cuando se acreditan conductas de captación, traslado o acogimiento con fines de explotación, aunque esta última no llegue a consumarse.

El juez consideró que existían elementos suficientes para procesar al hombre por trata agravada, mediante engaño y aprovechamiento de la vulnerabilidad de una víctima menor de edad.

También valoró declaraciones e informes médicos sobre presuntos contactos sexuales no consentidos durante el traslado y la permanencia en Campana, que sustentaron una imputación independiente por abuso sexual simple.

Finalmente, dispuso la prisión preventiva del imputado y un embargo sobre sus bienes por cinco millones de pesos argentinos. La resolución constituye un procesamiento y no una condena definitiva.