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El sector Casa Grande, integrante del Frente Amplio, criticó la decisión anunciada por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de que las cárceles pasarán al control de la Guardia Republicana.
A través de su Círculo de Seguridad, Casa Grande declaró su convencimiento de que la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, la Ley de Presupuesto que da origen al Instituto Nacional de Rehabilitación y el futuro traslado de dicha institución a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura "son hitos de un giro hacia la promoción de los derechos humanos en las políticas penitenciarias".
En este sentido, señalan que "ese es el camino a seguir para impulsar el enfoque de seguridad ciudadana que se viene trabajando".
"La violencia en las unidades penitenciarias influye en la reincidencia e intensifica el delito, por ende, se agravan los problemas de seguridad y convivencia fuera de las unidades", asegura Casa Grande en el comunicado.
En este sentido, aseguran que uno de los factores que derivan en conflictos carcelarios es "la violencia institucional que viven diariamente las personas privadas de libertad", dificultando su desarrollo y reinserción social".
"Expresamos nuestra profunda preocupación con el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder", continúa el comunicado del sector que, entre otros referentes, tiene a Constanza Moreira.
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