El astillero español Cardama, empresa que había firmado un contrato con el Estado uruguayo por la construcción de dos patrullas oceánicas del tipo OPV, envió un documento al gobierno uruguayo —horas después de que Yamandú Orsi anunciara la decisión— para adelantar que no participaría en la conciliación.

Según informó el semanario Búsqueda en primera instancia, Cardama había solicitado al Ministerio de Defensa una conciliación pautada para el 18 de diciembre. Este sería el primer paso de la demanda millonaria que el astillero había iniciado contra el Estado uruguayo.

En el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal, se explica que los abogados españoles que defienden al astillero entienden que no es el momento de seguir adelante con la acción judicial. 

Sin embargo, indicaron los defensores que la decisión no quiere decir que se cancelen las acciones previstas, sino que se buscarán otros elementos para saber qué caminos “jurídicos seguir”. 

“Una empresa, mucho menos Cardama, no renunciará a sus derechos de defender sus intereses bajo su entendido de que siempre actuó bien”, indica el texto. Los abogados insistieron en que se ofrecieron medidas alternativas a la garantía trucha de EuroCommerce Bank, pero desde el gobierno uruguayo “se decidió no ir por ese camino”. 

Sobre este último punto, el oficialismo ha insistido en el argumento de que Cardama no presentó opciones de garantías por escrito, por lo que, formalmente, no hay ninguna alternativa por parte del astillero. 

Desde el astillero se insiste en que “durante el proceso [han] mostrado” buena voluntad, pero consideran que “los dichos del Estado uruguayo han sido dañosos” para los intereses de la empresa dirigida por Mario Cardama.