Cardama: el informe del gobierno sobre cómo se decidió la compra de las dos OPV

La Fiscalía a cargo de Sandra Fleitas está dando los primeros pasos en el marco de la denuncia que hizo el gobierno uruguayo por presunto fraude y estafa en contra del astillero español Cardama, que es el encargado de realizar las dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés). 

La polémica se dio luego de que el presidente Yamandú Orsi anunciara en conferencia de prensa que iniciarían acciones en contra de la empresa española por haber detectado que la garantía presentada era falsa. 

Esto trajo polémica en la oposición, dado que el gobierno anterior, con Javier García al frente del Ministerio de Defensa, fue el que ordenó la compra de las patrullas oceánicas al astillero. 

El gobierno envió a la Fiscalía diversos elementos que han reunido en estos meses sobre el proceso de compra del gobierno anterior con respecto a las patrullas. En el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal, se indica que “se verificó que la decisión política de adjudicar no se acompañó de una adecuada valoración de riesgos operativos, financieros, contractuales que debieron considerarse imprescindibles en una contratación directa de excepción”. 

En este sentido, si bien el texto reconoce que Defensa tuvo “asesoramiento jurídico especializado para la confección del contrato”, el análisis de riesgo financiero “fue insuficiente y no se intentó adecuadamente al proceso decisorio”. 

Las diferentes prórrogas que pidió Cardama para presentar la garantía constituyen una “desviación del procedimiento contractual, pudiendo afectar la validez de actos posteriores y comprometer el interés económico del Estado”.

Con respecto a Cardama, el gobierno afirma que “no tiene antecedentes en construir OPV similares, carece de infraestructura para buques de gran porte”. A su vez, los diferentes riesgos financieros que presenta la empresa hacen que el cumplimiento del contrato —en condiciones normales— sea complejo.

“La elección de un proveedor con riesgo financiero alto y bajo vulnera el deber de diligencia en la protección del interés público y puede configurar negligencia administrativa”, añadió el gobierno. 

De acuerdo con el texto, la Armada Nacional actuó recomendando tres astilleros que “cumplían requisitos mínimos, sin decidir ni adjudicar”. Diferentes jerarcas militares advirtieron al Ministerio de Defensa sobre las capacidades técnicas, solvencia y riesgos de Cardama que “no fueron incorporadas en la decisión” de la cartera.