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Política

Barco cargado

Cardama: blanco eleva informe y FA rechaza investigadora en Diputados por “contradicción”

El blanco asegura en el texto, presentado tras la sesión de la preinvestigadora, que está en juego la “seguridad jurídica de la República”.

20.02.2026 16:42

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2026-02-20T16:42:00-03:00
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Montevideo Portal

La comisión preinvestigadora que realiza el proceso de revisión y rescisión del contrato para la construcción de las patrulleras oceánicas con el astillero español Cardama de la Cámara de Diputados sesionó este viernes.

La comisión está integrada por los frenteamplistas Joaquín Garlo y Alejandro Zavala y el diputado blanco Juan José Olaizola.

El Frente Amplio rechazó la conformación de una comisión investigadora en Diputados. El lunes se votará, a las 15:00 horas, la bicameral y su correspondiente conformación.  

En diálogo con Montevideo Portal, el diputado frenteamplista Joaquín Garlo aseguró que la denuncia presentada por la oposición para crear la comisión investigadora “plantea solamente la rescisión del contrato” con Cardama. Según mencionó, el Frente Amplio presentó en el Senado una propuesta para que se investiguen “todas las actuaciones vinculadas al contrato. Desde las negociaciones previas hasta su rescisión”.

Para el legislador, existe una “contradicción en lo que planteaba la oposición de investigar todo y la denuncia que se presentó”.

“Se habla de mala fe del gobierno uruguayo, cuando el miembro denunciante [Juan Martín Rodríguez] había planteado que no quería prejuzgar ni atribuir intenciones”, agregó. Garlo mencionó que se menciona el accionar de funcionarios del gobierno, “pero en ningún momento se habla de Cardama ni de su mala fe, ni de la presentación de garantías truchas”, sentenció.

Además, la Coalición Republicana presentó al Frente Amplio una propuesta para conformar una comisión bicameral. Si el oficialismo acepta, la investigadora se instalaría en el ámbito de la Comisión Permanente. En caso de que el partido de gobierno rechace la iniciativa, la creación de las comisiones se votaría por separado en Diputados —en la que la oposición tiene mayoría— y en el Senado —ámbito en el que predomina el Frente Amplio—, lo que derivaría en la existencia de dos comisiones investigadoras.

En el medio de la polémica por el caso Cardama, el legislador nacionalista afirmó en su informe, al que accedió Montevideo Portal, que la necesidad de incorporar patrulleras es un pedido de la Armada desde el año 2004 y que, pese a las peticiones, el país “continúa sin contar con los medios navales necesarios para ejercer adecuadamente la vigilancia y custodia de su mar territorial”.

Además, menciona que en setiembre de 2024, Sandra Lazo, hoy ministra de Defensa, pero en ese entonces senadora, expresó su intención de anular el contrato en caso de que el Frente Amplio llegara al gobierno. Algo que finalmente ocurrió.

El informe plantea que corresponde investigar posibles “presiones políticas” ejercidas en 2024 sobre una institución financiera local “con el fin de impedir el otorgamiento de un aval a la empresa contratista”, así como analizar la actuación de un grupo de trabajo creado por el Ministerio de Defensa, el cual fue “integrado por dos asesores que no pertenecían” a la cartera y que derivó en sanciones a jerarcas de la Armada. Para Olaizola es “llamativo” que el control del proyecto pasara de la órbita técnica de la Armada al Ministerio de Defensa, postura que debe ser —según menciona— investigada para esclarecer los fundamentos de la decisión.

El diputado nacionalista asegura que es “imprescindible profundizar en las responsabilidades vinculadas a las demoras en el proceso de construcción de las embarcaciones”.

El legislador sostuvo que el anuncio del presidente de la República, Yamandú Orsi, de rescindir el contrato tuvo efectos que “trascienden nuestras fronteras” y pudo impactar negativamente en la cadena de suministros del astillero español.

En este tema no se encuentra en juego únicamente la adquisición de dos patrulleras oceánicas, sino también la imagen internacional, la previsibilidad contractual y la seguridad jurídica de la República”, sentencia.

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