Cardama: Castaingdebat afirmó que Uruguay “está en un lío” por “una demanda millonaria”

Mientras la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, comparece este lunes ante la comisión investigadora por la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama, el exministro Armando Castaingdebat advirtió que Uruguay enfrenta una posible demanda millonaria por la rescisión del contrato y reclamó al gobierno que explique las razones de esa decisión.

Tras la reunión del directorio del Partido Nacional, Castaingdebat sostuvo que aún persisten interrogantes sobre la decisión adoptada por la actual administración y advirtió por las consecuencias económicas que podría enfrentar el país.

“Se espera con mucha expectativa la comparecencia de hoy de la ministra, porque creo que hay muchos puntos que faltan por aclarar por parte del gobierno, sobre todo en cuanto a la fase y el proceso de rescisión del contrato”, expresó.

El exjerarca aseguró que, a su entender, la comisión investigadora no logró acreditar irregularidades durante el proceso de contratación y defendió el procedimiento llevado adelante durante la anterior administración.

“Ha quedado claro todo el proceso técnico en cuanto a la selección y los mecanismos con los que se hizo. Hasta ahora no ha salido a la luz ningún hecho delictivo ni apartado de la ley ni por fuera de lo que dictaminó el Tribunal de Cuentas”, afirmó.

No obstante, señaló que el principal problema radica en las consecuencias que podría traer la cancelación del contrato. “Sí quedan puntos oscuros de algo que nosotros dijimos el lunes pasado: que Uruguay está en un lío y es cómo va a terminar esta historia con una demanda millonaria que los responsables del astillero Cardama están haciendo a Uruguay”, advirtió.

Castaingdebat también sostuvo que la investigación dejó al descubierto dos interpretaciones contrapuestas sobre un mismo proceso y recordó que la denuncia presentada por el Estado por presunto fraude y estafa aún no ha sido probada.

“Si algo ha quedado claro a lo largo de esta comisión investigadora es que, frente a un mismo hecho, se generan dos relatos totalmente diferentes. Por lo tanto, aquí hay un tema que en su momento va a laudar la opinión pública, y hay otro tema que en su momento laudará la Justicia”, señaló.

En ese sentido, insistió en que el contrato se encontraba en ejecución y consideró que cualquier inconveniente con las garantías podía solucionarse sin cancelar el acuerdo.

“No hay que olvidar que el Estado hizo una denuncia por presunto fraude y estafa que, hasta el día de hoy, no se ha podido demostrar”, afirmó. Además, recordó que, según dijo, “cuando un contrato se viene cumpliendo, porque también quedó claro que el contrato se venía cumpliendo, si hay algún problema con la garantía, se soluciona el problema, se cambia la garantía y se continúa con el proceso”.

Finalmente, sostuvo que la prioridad de la administración anterior era concretar la incorporación de las patrullas oceánicas para la Armada, y acusó al actual gobierno de priorizar un beneficio político. “Nosotros siempre tuvimos bien claro que el bien mayor para el país era poder contar con las OPV. Indudablemente, para otros, el bien mayor no era ese y se buscó algún tipo de rédito político de un hecho que lamentablemente al Uruguay le va a terminar saliendo muy caro”, concluyó.

La comparecencia de Lazo marcará el cierre de la actuación de la comisión investigadora, luego de que el director del astillero español Cardama, Mario Cardama, comunicara que no concurriría a la instancia parlamentaria, al alegar “limitaciones propias del marco arbitral”, aunque se puso a disposición para responder consultas por escrito.

La comisión culminará así sus actuaciones con la exposición de la ministra tras varias semanas de comparecencias en las que el oficialismo cuestionó el proceso de compra de las patrullas oceánicas. En la última sesión, legisladores del Frente Amplio acusaron a Castaingdebat de haber autorizado pagos por millones de euros al astillero con documentación presuntamente irregular, en el marco del contrato que posteriormente fue rescindido por el gobierno.