Cardama: Abdala denunció que el gobierno planeó rescindir el contrato cinco meses antes

El diputado nacionalista Pablo Abdala aseguró que las últimas comparecencias ante la comisión investigadora que analiza el caso Cardama respaldan los cuestionamientos de la oposición sobre la actuación del gobierno en torno a la rescisión del contrato con el astillero español.

A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que los testimonios de dos almirantes que participaron en el proceso permitieron descartar irregularidades en la adjudicación y sugirieron que la decisión de poner fin al vínculo con la empresa obedeció a motivos políticos.

Según Abdala, el excomandante en jefe de la Armada, Mario Vizcay, declaró ante la comisión que no existieron irregularidades en la actuación administrativa.

“Vizcay, que no recomendó a Cardama, afirmó que no hubo irregularidad alguna, sino, en tal caso, distintas valoraciones técnicas”, señaló el diputado.

Abdala también hizo referencia a la comparecencia del contralmirante retirado José Ruiz, quien había sido sancionado por el actual gobierno en el marco de este caso. De acuerdo con el legislador, Ruiz informó sobre una reunión mantenida con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en mayo de 2025.

Según la versión transmitida por el diputado, en ese encuentro ya se manejaba la posibilidad de poner fin al contrato con el astillero varios meses antes de que el gobierno anunciara formalmente la rescisión en octubre, tras detectar problemas vinculados a una de las garantías presentadas por la empresa.

“Ya entonces el gobierno se proponía terminar con el contrato cinco meses antes de anunciar la rescisión por un problema en una de las garantías”, afirmó.

Para Abdala, ese elemento refuerza la postura que la oposición ha sostenido durante la investigación parlamentaria.

“Esto confirma la intencionalidad política y, por tanto, la irresponsabilidad con la que actuó la actual administración”, concluyó.

La comisión investigadora continúa analizando las circunstancias que rodearon la contratación de Cardama para la construcción de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional, un proceso que derivó, además, en un arbitraje internacional iniciado por la empresa contra el Estado uruguayo.