Cancillería aseguró que Uruguay no fue consultado para firmar denuncia contra Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró este domingo que Uruguay no fue consultado por los cinco países que firmaron una denuncia contra Nicolás Maduro y otros jerarcas militares por crímenes de lesa humanidad.

Los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú firmarán el próximo martes una carta para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, desveló el sábado a Efe el vicecanciller peruano, Hugo de Zela.

Desde la oposición política en nuestro país se criticó que Uruguay no firmara la denuncia; el senador Luis Lacalle Pou escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno uruguayo mantiene una "posición cómplice" con la "dictadura venezolana", además de asegurar que "da vergüenza".

"Mucho le deben política y económicamente. Algún día sabremos realmente hasta dónde llega el vínculo", agregó el legislador.

Sin embargo, este domingo Cancillería informó -también a través de esa red social- que es "falso" decir que Uruguay se abstuvo de denunciar al país caribeño en la CPI. "Esa decisión fue adoptada por cinco de los 34 miembros de la OEA y Uruguay no fue consultado ni participó de la instancia", aclaró la cartera.

"Decir que se abstuvo es tendencioso", continuó, criticando algunos titulares de prensa. "En ese caso, otros 28 países también se abstuvieron. ¿Por qué solo se menciona a Uruguay?", finaliza.

La denuncia irá acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio de 2017.

El otro documento es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Ese grupo de expertos concluyó que existía un "fundamento razonable" para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, podían ser denunciados ante la CPI.

La denuncia conjunta no abriría automáticamente una investigación plena por parte del tribunal internacional, ya que ese paso depende de la Fiscalía del tribunal, que actúa de manera independiente.

Lo único que cambiaría la activación del artículo 14 es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciar investigaciones formales, podría hacerlo directamente sin pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares.

Si no hubiera una denuncia directa de un Estado parte, entonces la Fiscalía tendría que solicitar permiso a esa Sala.