Brasil: Justicia concluye que el inmueble por el que se condenó a Lula jamás fue suyo

La Justicia Federal de Brasilia dispuso devolver a la constructora OAS más de 2,42 millones de reales obtenidos por la subasta de un apartamento tríplex en Guarujá, en el estado de San Pablo.

El inmueble fue utilizado por la operación Lava Jato como sustento de una de las condenas que llevaron al entonces expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a permanecer 580 días en prisión.

La resolución fue dictada el lunes 9 de noviembre por el juez Marcelo Gentil Monteiro, del Tribunal Federal de la XII Región del Distrito Federal, con el respaldo del Ministerio Público Federal (MPF). Según informa el medio local Revista Forum, el magistrado consideró que no existen fundamentos jurídicos para mantener retenido el dinero, luego de que fueran anuladas las decisiones judiciales del caso Lava Jato y se dispusiera el sobreseimiento definitivo de la causa penal.

Durante años, el equipo de fiscales de Curitiba presentó el apartamento como una supuesta ventaja indebida que la constructora había concedido a Lula. El caso derivó en una de las condenas impuestas por el entonces juez Sergio Moro, que posteriormente fue revocada por el Supremo Tribunal Federal (STF).

En 2021, el máximo tribunal brasileño determinó que la Justicia Federal de Curitiba no era competente para juzgar las causas contra Lula y reconoció la parcialidad de Moro. Como consecuencia, el dirigente recuperó sus derechos políticos y pudo volver a competir en elecciones.

La nueva resolución judicial señala que el apartamento tríplex 164-A estaba inscripto formalmente a nombre de OAS Empreendimentos SA en el registro de la propiedad. El inmueble había sido vendido en una subasta por 2,2 millones de reales, cifra que ascendió a más de 2,42 millones tras la actualización monetaria.

El Ministerio Público Federal también reconoció que estaba acreditada la titularidad de la constructora sobre el inmueble y que no existían motivos para mantener retenido el dinero obtenido por la venta.

Antes de autorizar la devolución, el tribunal verificó si el apartamento o los fondos de la subasta estaban vinculados con acuerdos de colaboración premiada o de clemencia celebrados en el marco de las investigaciones de Lava Jato. El análisis concluyó que ninguno de los dos había sido incluido como garantía en esos acuerdos.

La resolución también aclaró una cuestión relacionada con Marisa Letícia, esposa de Lula y ex primera dama brasileña. Los pagos que había realizado a la cooperativa Bancoop correspondían a otro apartamento del mismo edificio, de 82 metros cuadrados, y no al tríplex que fue objeto de la causa judicial.

En 2021, la Justicia de San Pablo ya había ordenado devolver esos pagos a la sucesión de Marisa Letícia.

Con los procedimientos penales concluidos, la Justicia Federal autorizó finalmente que OAS recibiera el dinero de la subasta, al reconocer a la constructora como propietaria registral del inmueble.