Tras la anulación de la condena al exintendente de Soriano Agustín Bascou, el senador del Partido Nacional Sergio Botana realizó una serie de apreciaciones sobre la acusación, la cual fue entregada fuera de los plazos legales.
La causa contra el exjefe comunal había iniciado en el año 2017, después de que ediles del Frente Amplio (FA) lo denunciaran por haber comprado nafta con el dinero de la Intendencia de Soriano a estaciones de servicio de la que es socio. Las compras “aumentaron notoriamente” en 2016. La condena había sido dispuesta por la jueza María Ximena Menchaca.
Ante esto, el legislador aseguró a Montevideo Portal que la fiscal Stella Alciaturi —quien estuvo a cargo de la investigación— “acusó más de una semana tarde” a Bascou, por lo que pidió que la titular de la Fiscalía “sea separada de su cargo”.
La funcionaria del Ministerio Público estuvo a cargo de la investigación contra el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, quien fue imputado por siete delitos de corrupción. La fiscal fue trasladada a Atlántida, Canelones, debido a un sumario que afronta.
Además, Botana mencionó que “falló el control de los plazos por parte de la jueza Menchaca, por lo cual, además del sumario a la fiscal, corresponde la investigación administrativa para determinar lo que sucedió en el juzgado”.
Botana mencionó que esto es un “hecho grave” debido a que “la fiscal acusó tarde, pero la jueza aceptó la acusación”.
El dirigente nacionalista explicó que existe la posibilidad de que Bascou vuelva a ser acusado, ya que se podría designar un nuevo fiscal a la investigación. “Es como jugar a la conga con las cartas vistas”, ironizó, debido a que “podría ser acusado con su defensa vista”.
El legislador mencionó que no se cumplió con el articulo 234 de la ley 15.032, el cual menciona: “El fiscal dispondrá de treinta días para expedirse, pudiendo solicitar ampliación del plazo, por una sola vez, la que podrá ser concedida por el juez siempre que exista motivo bastante para ello y por un máximo de quince días. Deberá dejarse constancia de ese hecho y comunicarse al Ministerio de Justicia [hoy Ministerio de Educación y Cultura]. Cualquier intervención del fiscal impedido aparejará nulidad absoluta de lo actuado”.
La fiscal Alciaturi debió entregar la acusación el 7 de noviembre de 2024, pero, tras pedir prórroga, el plazo de la entrega vencía el 22 de noviembre del mencionado año. Finalmente, la funcionaria del Ministerio Público entregó el escrito el 3 de diciembre, por lo que no se cumplió con las fechas estipuladas.