El Bitcoin retomó su tendencia alcista y alcanzó este jueves la marca simbólica de 100.000 dólares, el precio más alto en casi tres meses. El repunte ocurre en un contexto de renovado interés por los activos digitales, a pesar de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha dejado entrever que no reducirá las tasas de interés antes de julio.
Esta resistencia del mercado cripto frente a la política monetaria más estricta refleja una creciente desconexión entre las dinámicas tradicionales del mercado financiero y el ecosistema digital, donde factores como la adopción institucional, la escasez del activo y la expectativa de nuevos marcos regulatorios más claros están ejerciendo fuerte influencia.
Factores detrás del repunte
Aunque no se produjeron anuncios decisivos por parte de grandes organismos o empresas, analistas del sector destacan que la cercanía del próximo “halving” de Bitcoin —previsto para 2026— y la consolidación de nuevas plataformas de inversión basadas en criptoactivos están fortaleciendo el apetito especulativo.
Además, los recientes movimientos de fondos cotizados (ETF) en Estados Unidos y Europa han ofrecido una vía más accesible para inversores institucionales, lo que continúa consolidando el perfil del Bitcoin como una reserva de valor alternativa, especialmente en un entorno geopolítico y financiero volátil.
Reacción regional y contexto latinoamericano
En América Latina, el aumento del Bitcoin suele generar reacciones mixtas. En países con alta inflación o restricciones cambiarias, como Argentina o Venezuela, la criptomoneda es vista por muchos como un refugio de valor informal. No obstante, en economías más estables como Chile, Uruguay o México, la volatilidad extrema de los criptoactivos aún limita su uso como medio de pago o ahorro generalizado.
El nuevo impulso alcista también puede influir en la agenda regulatoria regional. Con varios países discutiendo marcos legales para las finanzas descentralizadas (DeFi) y los activos digitales, una cotización sostenida por encima de los 100.000 dólares podría acelerar debates sobre seguridad jurídica, fiscalización y control de riesgos.
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