La Justicia llevó adelante una audiencia el pasado jueves por el caso del lanzamiento de una bengala náutica en el clásico entre Peñarol y Nacional, en el marco de la final de la Supercopa llevada adelante en el Estadio Centenario.
La defensa del imputado, que es acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, había pedido la audiencia con el fin de que se discutieran las medidas cautelares dado que su cliente se encuentra recluido en la Cárcel de Santiago Vázquez (ex-Comcar).
De acuerdo con la argumentación del penalista Diego Moreno, el joven no estaba ubicado en el sector de la tribuna Colombes desde donde se lanzó el proyectil que terminó impactando en la entrepierna de un efectivo de la Guardia Republicana.
Según Moreno, el imputado se encontraba cerca de una bandera de “Los Pibes del Skey”, una fracción de La Banda del Parque, la barra brava de Nacional. También solicitó que se ordene un estudio biométrico para corroborar que en el minuto que se lanzó la bengala, el imputado estaba en otro lado.
La audiencia para discutir las medidas terminó con que la jueza Isabel Rieiro dispusiera la extensión de la prisión preventiva hasta el próximo 15 de noviembre.
La Fiscalía, en representación de Silvia Buzó y Claudia Amoedo, argumentaron que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación dado que el imputado es parte de la barra brava de Nacional.
En los argumentos esgrimidos por las fiscales, repararon en un episodio en el que aseguraron que un menor de edad fue amenazado para asumir el delito de haber tirado la bengala.
De hecho, según dijo Amoedo en la audiencia, esta fue una de las primeras pistas que tuvo el departamento de Seguridad en el Deporte cuando comenzó a investigar el caso. Ante esto, la Fiscalía dispuso que se citara al por entonces sospechoso para tomarle declaraciones.
Sin embargo, al momento de prestar su testimonio, el menor de edad “no pudo contener las lágrimas”, dijeron las fiscales y confesó que en realidad hubo una persona de Los Pibes del Skey –fracción de la que formaba parte el imputado– que lo amenazó de muerte para que confesara.
Ante la novedad con la que se encontraron las autoridades, se dispuso protección para el menor de edad y su familia, con el fin de que los delincuentes no pudieran amedrentar o tomar represalias contra las víctimas.
Amoedo y Buzó sostuvieron que esto muestra cómo la fracción que integraba el imputado puede, en caso de que quede en prisión domiciliaria, colaborar con él para que se entorpezca la investigación.
Las fiscales recalcaron en la audiencia que los barras brava son figuras que suelen acumular cierto poder en el mundo delictivo, por lo que sería imprudente dejar a este tipo de hinchas en prisión domiciliaria, teniendo la posibilidad de burlar los sistemas de seguridad dispuestos por la Policía y mantener contactos con sus pares.
Sin embargo, fuentes del caso aseguraron que los dichos de la Fiscalía no se condicen con las evidencias que están en la carpeta de investigación. Esto no necesariamente tiene que ser así, dado que en la etapa del proceso judicial en el que están las partes todavía no se tienen por qué mostrar los elementos para una eventual condena del imputado.