La Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional resolvió "dejar sin efecto las anunciadas convocatorias a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a las respectivas Comisiones de Constitución de ambas Cámaras, valorando positivamente la reciente decisión de suspender la entrada en vigencia de la Acordada N° 8119", por la que el máximo órgano de justicia decretaba el cierre de 20 juzgados de paz en el interior del país.

La bancada blanca resolvió "respaldar las acciones" de sus parlamentarios, "debidamente consideradas al momento de la revisión de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia días atrás".

"Reafirmar la necesidad de mantener abiertas la mayor cantidad de sedes judiciales, por entender que el acceso a la justicia, en este caso, en virtud de razones geográficas, constituye una garantía para la protección de derechos, y acciones como las incluidas en la acordada N° 8119 atentan directamente contra esta finalidad", expresa en el tercer punto la resolución.

En cuarto lugar, solicita "entrevista, en estricto respecto al principio de separación de poderes, a la Suprema Corte de Justicia, encomendando a una delegación de representantes nacionales las conversaciones con las máximas autoridades del Poder Judicial, en relación a la Acordada N° 8119, cuya entrada en vigencia se encuentra suspendida".

"Encomendar a la referida delegación, entablar las conversaciones correspondientes con las autoridades de la Asociación de Funcionarios Judiciales, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay a efectos de tener una visión global de la problemática", concluye la resolución.