El fiscal Jorge Di Lello resolvió que "corresponde hacer lugar" al exhorto de la Justicia helvética y la remitió al juez federal Norberto Oyarbide, cuya decisión se conocerá a más tardar el lunes próximo, precisaron las fuentes.

La Justicia suiza pidió el jueves informes a Argentina sobre las causas que investigan a Moyano en el país y bloqueó 1,8 millones de dólares de una cuenta perteneciente a Ricardo Depresbiteris y a su esposa, directores de la empresa Covelia.

Esta firma de recolección de residuos trabaja con municipios de la provincia de Buenos Aires y se sospecha que es propiedad del líder de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El pedido de la Justicia suiza, que investiga a Moyano por lavado de dinero, incluye a Pablo Moyano, hijo del jefe de la CGT y secretario adjunto del sindicato de camioneros, además de al entorno familiar del poderoso dirigente gremial.

Horas después de conocido el exhorto suizo, el sindicato de camioneros convocó para el lunes próximo a una huelga con movilizaciones para repudiar lo que llamó "los constantes ataques" a Moyano.

A la medida de fuerza, que afectará a camiones, retirada de basuras, transporte de larga distancia y combustibles, entre otras actividades, se sumó hoy la Confederación de Trabajadores del Transporte.

El titular del gremio de peones de taxis, Omar Viviani, dijo en rueda de prensa que la CGT evaluará hoy en una reunión la metodología del cese de actividades, al que podrían adherirse los sindicatos del transporte marítimo, aéreo y terrestre.

"Cuando se ataca en forma desmedida a nuestro compañero Hugo Moyano, el ataque es a todos los dirigentes sindicales. Es un ataque a un estilo de vida y a un proyecto de país que se está haciendo contra el movimiento obrero organizado, que tiene una relación estratégica con el Gobierno nacional", dijo Viviani.

"Nadie puede negar que desde la CGT se ha crecido políticamente y a muchos les molesta que los dirigentes sindicales pretendamos participar en política", comentó.

La oposición rechazó hoy los intentos de presión sindical sobre el Ejecutivo, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto, y reclamó al Gobierno que actúe para frenar la huelga convocada para el lunes.

En los últimos meses, Hugo Moyano y el Gobierno argentino han tomado cierta distancia al calor de los preámbulos para las elecciones presidenciales de octubre próximo.

El sindicalista ha apoyado negociaciones para lograr ajustes salariales del 30 por ciento, el triple de los índices oficiales de inflación, y lleva adelante una campaña para que se reduzca el impuesto a las ganancias (a los ingresos) de los trabajadores.

A su vez, la presidenta Cristina Fernández ha pedido públicamente a los sindicatos del transporte que moderen sus protestas y lleva semanas sin mencionar a Moyano o participar en actos de los sindicatos.

Moyano enfrenta en Argentina varias causas por supuesto fraude a la administración tráfico de medicamentos y el origen de fondos para la compra de propiedades en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: EFE