Audiencia Conexión Ganadera: defensa de imputados aceptó sin reparos cierre de fronteras

La jueza Diovanet Olivera encabezó en la mañana de este lunes 17 una audiencia para discutir las medidas limitativas solicitadas por la Fiscalía para los imputados Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral en el marco de la incipiente investigación en torno a Conexión Ganadera.

Concretamente, el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez había solicitado la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización previa del tribunal y la retención de los documentos de viaje de los tres socios de la empresa denunciada.

Esa medida ya fue decretada por Olivera días atrás. Sin perjuicio de ello, la jueza citó a audiencia a modo de garantía para los imputados y para establecer el plazo de duración del cierre de fronteras, que se acordó será de 180 días.

En la audiencia, que fue transmitida por YouTube por un acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia y la Asociación de la Prensa del Uruguay, estuvieron presentes 19 abogados en representación de víctimas denunciantes. Algunos de ellos dijeron defender a cientos de personas, como fue el caso de Oscar Brum y Leonardo Costa, Ignacio Durán, Juan Pablo Decia y Nicolás Ghizzo.

El fiscal Rodríguez fundamentó su petición de cierre de fronteras y entrega de documentos de viaje por dos motivos. Por un lado, refirió a la necesidad de asegurar la presencia de los imputados en el territorio nacional ante la eventualidad de que los hechos denunciados con apariencia delictiva se comprueben. Pero, también, aludió a la importancia de garantizar su comparecencia en toda oportunidad que la Fiscalía requiera su presencia.

Luego, Rodríguez afirmó: “El volumen de la denuncia, la cantidad de damnificados, la magnitud de los hechos y el volumen económico del que se está hablando no hace difícil presumir que deban comparecer más de una vez para ser interrogados y además para intentar desenredar esta madeja tan compleja que se está denunciando”.

Y deslizó que los dueños de una empresa que —se estima— “manejaba un volumen de 400 millones de dólares” probablemente “tienen medios para abandonar el país”.

Sí a todo

Gustavo Barrera y Marianela Melgar defienden a Carrasco y su esposa, Iewdiukow. En tanto, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson representan a Cabral, viuda de Gustavo Basso.

A su turno, las defensas aceptaron sin reparos las medidas solicitadas por Fiscalía.

“Entendemos que las medidas están y han sido debidamente acreditadas. Lo primero que corresponde es el allanamiento a las mismas”, admitió Barrera. Por su parte, Donnángelo dijo: “La defensa se va a allanar. Entendemos que son medidas innecesarias, pero no vamos a poner objeciones. Nuestra clienta está pasando por momentos difíciles tras el fallecimiento de su marido, así que pocas ganas tiene de recorrer el mundo”, acotó.

Ana Iewdiukow junto a su esposo, Pablo Carrasco. Foto: Dante Fernández / FocoUy

Celulares no

Antes de concluir la audiencia, el abogado Decia —que radicó una de las primeras denuncias, defiende a dos tandas de víctimas y anunció que representará a unos 150 inversores más— pidió la incautación de los celulares de los imputados.

Decia solicitó esa medida directamente ante la jueza y dijo que era con el objetivo de “evitar que se frustre la prueba y evitar que se siga acrecentando el daño y los efectos civiles del delito”, y en esa línea “evitar que se siga haciendo trasiego de ganado entre inversores”.

“Tenemos información que podemos acreditar que da cuenta de que esos trasiegos de ganado existen, existieron y van a seguir existiendo en la medida que los imputados sigan teniendo sus celulares”, advirtió el abogado. Y agregó que la medida ameritaba “por la entidad de la maniobra y la complejidad del asunto”.

Otro abogado, Pereyra, apoyó la moción. Indicó que el artículo 260 del Código del Proceso Penal permitía a la Justicia proceder con ese pedido, además de aludir a la “economía procesal” y al “espíritu de allanamiento total” expresado por la defensa de los imputados.

Sin embargo, la jueza sostuvo que era un pedido que se debía plantear en la Fiscalía y no en esa instancia. El fiscal Rodríguez estuvo de acuerdo con Olivera: dijo que había que tener en cuenta cuál era el objeto de la audiencia, e insistió en que su Fiscalía estaba abierta a recibir solicitudes y analizarlas.

Por último, Barrera aclaró que era inminente el nombramiento de un síndico para dar comienzo al concurso de acreedores, con lo cual cualquier eventual riesgo de que exista un trasiego de ganado, como sugirió Decia, pasaría a ser “responsabilidad del síndico”.