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La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) difundió este viernes un informe en el que advierte que "el clima para el ejercicio de la actividad periodística se ha deteriorado desde que comenzó a extenderse la pandemia" en el país.
En el informe semestral de la Comisión de Libertad de Prensa se advierte que diversos dirigentes de la coalición gobernante intensificaron en los últimos meses la postulación del "lawfare" como tesis que plantea una confabulación de sectores de la prensa y el Poder Judicial con vistas a "fraguar procesos contra referentes del actual oficialismo".
Señala que el episodio más reciente fue una imputación a los medios por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación.
Esa entidad, con mayoría oficialista, acusa a la prensa de formar parte de "un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa", indica.
Y agrega que, en las últimas semanas, legisladores ligados al oficialismo presentaron un proyecto en el Parlasur para convertir al "lawfare" en delito y sancionar, eventualmente, a periodistas.
"Tales amenazas que se ciernen sobre el oficio periodístico reciclan una vieja retórica. Pretenden neutralizar, bajo calificaciones inaceptables, la relación entre periodistas y fuentes. Buscan criminalizar la práctica que define el rol estratégico que cumple el periodismo", previene la Adepa en su informe.
Para la Adepa, estas iniciativas tienen su correlato en el terreno legal, al señalar que "el acoso judicial fue la figura más repetida entre los casos de presión contra periodistas del último año", y recordar el procesamiento "sin elementos probatorios" contra el periodista Daniel Santoro.
"El efecto inhibitorio de la medida no se circunscribe a Santoro; se extiende a todo aquel que pretenda investigar hechos de corrupción", afirma el informe.
El informe también detalla situaciones que han afectado el clima de libertad de prensa en dos provincias.
Recordó el ataque del 23 de marzo a las instalaciones del diario Río Negro, en el que manifestantes de una facción de la Central de Trabajadores de la Argentina agredieron a un fotógrafo y un recepcionista, destrozaron el mobiliario y pintaron en las paredes frases intimidatorias contra periodistas del medio.
Y añadió la serie de atropellos en Formosa a lo largo del año, donde se impidió el ingreso de periodistas, se restringieron coberturas locales, funcionarios públicos y fuerzas policiales amedrentaron a la prensa y se desconocieron resoluciones judiciales. Además, un periodista fue herido con balas de goma durante una manifestación y una colega fue detenida arbitrariamente.
El informe también abarca las regulaciones a las grandes plataformas tecnológicas, al indicar que en Argentina comienzan a explorarse convenios puntuales entre plataformas y medios por contenidos para productos específicos.
Pero señala que es "solo el primero e insuficiente, de un proceso que recién comienza".
EFE
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