La ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, dio detalles a la comisión especial de Población y Desarrollo del Parlamento de la investigación que la cartera lleva a cabo sobre el homicidio de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años, asesinado por su padre en marzo de este año.
De acuerdo con la versión taquigráfica, a la que accedió Montevideo Portal, la jerarca compartió los antecedentes del homicida, Jonathan Martín Calero, quien ha delinquido desde que es menor de edad, y quien como adulto fue condenado por hurto y rapiña. Además, el hombre, que le negó su apellido al adolescente, tiene denuncias por violencia doméstica.
En tanto, la madre de Jonathan no registra ningún antecedente como indagada en ningún delito. Sin embargo, Valverde dijo que figura como “víctima, incluso del homicida”. La familia ha sido atravesada por la violencia doméstica: la abuela materna y la hermana del adolescente asesinado también han sido víctimas, según la investigación del Ministerio del Interior.
La vida de Jonathan transcurrió “en un entorno bastante vulnerable y vulnerado”, dijo Valverde. El 9 de noviembre de 2018, Jonathan, su hermana y su madre presentaron una denuncia por violencia. La agresora, sin embargo, fue su tía —la hermana del homicida—.
En 2023, casi cuatro años después, el 16 de junio, la madre del adolescente volvió a presentar una denuncia por violencia doméstica hacia ellos dos. Esta vez, el indagado fue el padre. Meses más tarde, el 22 de abril de 2024, hubo otra intervención por violencia doméstica.
“En esta instancia es solo la madre la que aparece como víctima, pero en su declaración la madre expresa temor por la integridad de su hijo. En ese momento, la resolución judicial establecía medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación por 180 días, pero circunscriptas exclusivamente a la madre. Todas estas medidas fueron monitoreadas en tres oportunidades desde que se estableció la resolución judicial y hasta su vencimiento, que fue el 21 de enero de 2025”, dijo Valverde.
El 20 de noviembre de 2025, la situación de Jonathan fue denunciada por la subdirectora de la UTU en la que estudiaba. La autoridad estudiantil detectó que el menor tenía moretones y había sido golpeado. Esta vez, la madre fue la indagada por violencia contra su hijo. El juzgado de familia dispuso la intervención del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), así como informar a la Fiscalía General de la Nación y elevar los antecedentes del caso.
La fiscalía especializada en Violencia Doméstica y de Género ordenó la indagatoria de los padres, así como “otras actuaciones”. La comisaría especializada citó a los involucrados y les tomó declaraciones.
En marzo de 2026, Jonathan fue asesinado a manos de su padre. Desde entonces, el Ministerio del Interior comenzó una investigación administrativa “con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades funcionales y esclarecer posibles fallas en la actuación policial”.
El 11 de marzo, el jefe de Policía comenzó a indagar sobre cómo se manejó la situación del adolescente e identificó “algunos aspectos críticos”. En primer lugar, dijo la ministra interina, hubo un error al tipificar la denuncia, que debía haber estado enmarcada en “violencia doméstica”.
La última denuncia, la que hizo la subdirectora de la UTU, ingresó a la seccional como “una averiguación de la situación”, ya que luego de aquel aviso el joven dejó de concurrir al centro de estudios. Como la Policía no ingresó la denuncia como violencia doméstica, la investigación “transitó por un proceso bien diferente”.
Otra falla en el cuidado de Jonathan tuvo que ver con “una falta de comunicación al INAU”, a pesar de que existía una disposición por parte de la Justicia.
“Frente a la titulación, que es incorrecta, y frente a una disposición que no se cumple, también falta una supervisión jerárquica de parte del comisario al mando de la unidad en esta actuación policial. Además, como no es violencia doméstica, como no está titulada así, por supuesto que se demora en pasar a la comisaría especializada, y después todo el proceso que sigue a una violencia doméstica”, aclaró Valverde.
Tras la muerte de Jonathan, en el marco del “Sistema integral de protección a la infancia y a la adolescencia contra la violencia”, el Ministerio del Interior trabajará en “instrumentos para mejorar la valoración de riesgo en las situaciones de este tipo”.
Según dijo Valverde, el Plan Nacional de Seguridad Pública establece “el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia en línea y seguimiento interinstitucional”, así como “el diseño y la implementación de un sistema protocolizado de valoración de riesgo en violencia doméstica”.
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