En el Complejo Penitenciario N° 1 de la provincia argentina de San Luis, las asesinas de Lucio Dupuy, Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez (27), fueron golpeadas de forma brutal por otras presas, según informara Radio Mitre. Tras el incidente, ambas fueron aisladas del resto de la población carcelaria con el fin de resguardarlas.
En principio, la progenitora de Lucio Dupuy y su novia estaban en la Seccional Sexta de Santa Rosa, pero por “serios incidentes” que ocurrieron afuera del lugar, las trasladaron al Penitenciario donde esperan su condena. Sin embargo, ahora sufrieron violencia por parte de otras presas tras haber sido declaradas culpables del asesinato del niño de 5 años.
Este viernes, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa dará a conocer la condena para Magdalena Espósito Valenti, madre de la víctima, y Abigail Páez. Como son culpables por el delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, la fiscal Verónica Ferrero pidió prisión perpetua porque el Código Penal prevé solamente esa pena para estas figuras.
José Mario Aguerrido, abogado del padre del niño, solicitó que, además, se las recluya por tiempo indeterminado. Ramón, abuelo del pequeño, insistió a su vez en que se las encarcele por separado.
En cuanto a cómo escucharán la condena las asesinas, la abogada de Abigail Páez le reveló al canal noticioso TN que no estarán en la sala de audiencias ni verán la transmisión desde la cárcel. Sus letradas les leerán la sentencia.
Espósito Valenti y Páez pasan sus días haciendo algunas tareas dentro del presidio, en particular labores de cotillón y panadería. “Tienen organizados sus días con esos trabajos”, aseguró la abogada.
El caso
Lucio Dupuy tenía 5 años cuando falleció en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre de 2021 tras recibir una fuerte golpiza. Vivía en un apartamento con su madre y la novia de esta.
Ese día, las mujeres llevaron al niño a una sede policial cercana a su domicilio porque comenzó a tener convulsiones. Allí los agentes le practicaron sin éxito RCP y lo trasladaron al hospital, donde murió. Según la autopsia, el niño “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data”, y su muerte se produjo por una “hemorragia interna” producto de las agresiones.
Asimismo, encontraron “lesiones en la parte genital del niño”, por lo que se determinó que podría haber sufrido también abusos sexuales. “En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, apuntó el forense Juan Carlos Toulouse, según recogiera el medio Página 12.
En el juicio posterior, Espósito Valenti fue considerada “autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento”, mientras que Páez fue hallada “autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor aprovechando la situación de convivencia como delito continuado”. Valenti, por su parte, fue absuelta “por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada”.
La golpiza de esta semana no fue la primera sufrida por las reas. En diciembre de 2021, cuando fueron conducidas por primera vez a la misma cárcel donde ahora se encuentran, un grupo de reclusas les propinó a ambas una somanta que les provocó serias lesiones.
Cambio en la normativa
El asesinato del pequeño conmocionó a la opinión pública argentina e inspiró un proyecto de ley que lleva su nombre. La iniciativa recibió media sanción en Diputados por unanimidad el 9 de noviembre y ahora pasa al Senado, que deberá definir su sanción.
Según indicó el periódico Ámbito, el proyecto establece la capacitación obligatoria a todo funcionario público que opere en todos los niveles y jerarquías de los tres poderes de Gobierno acerca de los derechos de niños y adolescentes y las violencias contra ellos.
La norma planteada estipula que el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Judicial, construya un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, así como para los organismos relacionados a la niñez y los juzgados de familia.
El objetivo es que se unifiquen las vías de acción para garantizar el acceso a la Justicia a niños y adolescentes.
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