Asamblea General discutirá todos los informes de la comisión investigadora sobre Cardama

La Asamblea General se reunirá este miércoles en sesión extraordinaria para considerar los informes de la comisión especial que investigó la compra de dos patrulleras oceánicas (OPV) al astillero español Cardama. Antes, a partir de las 14:00, Daniel Radío tomará posesión del cargo de comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.

Radío, dirigente del Partido Independiente y hasta ahora director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), fue designado en julio por el cuerpo legislativo. El único que no lo acompañó fue el diputado Gustavo Salle. Asumirá el cargo que durante la gestión anterior ocupó Juan Miguel Petit.

La sesión central de la jornada será la de Cardama, a casi ocho meses de instalada la comisión investigadora bicameral, que analizó el proceso de adquisición de las OPV iniciado en 2010 hasta este año. Hay cuatro informes en juego: uno del Frente Amplio, otro de la Coalición Republicana, otro de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana. 

Según consignó La Diaria, en la previa ninguno reúne los votos suficientes para su aprobación y no se perfila una moción de consenso. El oficialismo cuenta con 65 de los 130 legisladores, la coalición con 61 y Cabildo Abierto e Identidad Soberana con dos cada uno.

Los miembros informantes serán los diputados Joaquín Garlo por el Frente Amplio, Gabriel Gianoli por la Coalición Republicana, Álvaro Perrone por Cabildo Abierto y Gustavo Salle por Identidad Soberana. Luego de la presentación de los informes, el Frente Amplio y la coalición dispondrán de dos bloques de dos horas cada uno para ampliar sus argumentos.

El único punto de acuerdo entre los cuatro documentos es la solicitud de enviar el trabajo de la comisión a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, en respuesta a un oficio del fiscal Gilberto Rodríguez. 

Para Garlo, un “cierre correcto” sería “que la documentación esté en poder de la Fiscalía y que sea la Asamblea General la que la remita, luego del arduo trabajo que ha llevado adelante la comisión, a efectos de que se investiguen en profundidad todos estos hechos”, según declaró al citado medio.

Gianoli adelantó que pondrá el foco en tres aspectos: que durante los anteriores gobiernos del Frente Amplio “no se hizo absolutamente nada para tener patrulleras oceánicas”, que la rescisión del contrato se resolvió de “forma precipitada, sin buscar alternativas” y que hubo una “operación política” para terminar con la construcción de los buques.

Cabildo Abierto destacó en su informe que, durante la investigación, todos los responsables admitieron que las garantías de fiel cumplimiento presentadas por el astillero eran falsas, y que la Armada reconoció no estar preparada para evaluar por completo a un astillero ni para analizar en profundidad la estructura económica de sus proveedores.

Identidad Soberana, por su parte, sostiene que el contrato es nulo por tratarse de un instrumento del delito y reparte responsabilidades entre ambas administraciones. “El Frente Amplio pagó varios millones de dólares, es decir, hay responsabilidad de ambas administraciones, lamentablemente, porque paga el pueblo uruguayo”, dijo Salle.