Archivólogos piden más contratación de personal tras conflictos con documentos de archivo

Luego de diferentes eventos relacionados a archivos de documentos, como pasó en el caso de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) con la rotura de documentos, en el Ministerio de Defensa con nuevas actas de Tribunales de Honor y el pequeño incendio en el edificio Palacio de los Tribunales de la Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Uruguaya de Archivólogos emitió un comunicado en el que resaltan una "falta de aplicación de políticas" en materia de gestión documental y falta de profesionales bajo la dirección técnica de los archivos, como está contemplado en el artículo 7 de la ley 18.220.

"Estas situaciones han puesto al descubierto una vez más, que no se ha cumplido lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 18220, donde se establece que 'es deber del Estado la conservación y organización del Patrimonio Documental de la Nación y de los documentos de gestión como instrumentos de apoyo a la administración, a la cultura, al desarrollo científico y como elementos de prueba, garantía e información", señala el texto.

Además, los archivólogos manifestaron preocupación por la falta de reconocimiento hacia los profesionales de archivo, tal cual está establecido por la ley 19.768, donde, además de fijar la formación académica, competencias y responsabilidades del archivólogo, se dispone que toda institución pública que requiera los servicios deberá cubrir los cargos y funciones con profesionales que tengan título de Archivólogo o licenciado en Archivología.

"Por tanto, los archivos constituyen no sólo una fuente primaria de investigación, sino también garantía para los ciudadanos a efectos de la rendición de cuentas y transparencia del accionar de los gobiernos, lo que hace imprescindible su profesionalización y acceso mediante el ejercicio del acceso a la información pública", reza el texto.

Finalmente, los archivólogos sostienen que debería ser "prioritario" la creación de cargos y contratación de los profesionales en el área para "asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes" y, a su vez, generar una "evolución", que según entienden es necesaria, en la gestión de documentos, la transparencia del Estado, el ejercicio del "gobierno abierto" y el goce de sus ciudadanos del derecho de acceso a la información.