En junio, y tras más de siete años de acciones judiciales, el exintendente de Soriano Agustín Bascou fue condenado por la Justicia a un año de libertad a prueba por el delito de conjunción de interés público y privado.

La causa se había iniciado en el año 2017, después de que ediles del Frente Amplio lo denunciaran por haber comprado nafta con el dinero de la Intendencia de Soriano a estaciones de servicio de la que es socio. Las compras “aumentaron notoriamente” en 2016.

La condena que dispuso la jueza María Ximena Menchaca también inhabilita a Bascou a ocupar cargos de cualquier naturaleza en organismos y empresas públicas durante el plazo de cuatro años, así como también que el condenado pague una multa de 100 UR —$ 181.634—. El fallo es apelable.

Bascou asumió como titular en la comuna sorianense en julio de 2015, antes había sido intendente interino. En ese momento, ya era socio de la firma Radial Mercedes, que posee dos estaciones de Ancap en Mercedes y otra en Dolores.

Sin embargo, el caso experimentó un giro esta semana. Según informa el medio sorianense Agesor, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno anuló la condena de Bascou por “acusación presentada fuera de plazo” por la fiscal Stella Alciaturi y tramitada por la ya mencionada jueza Menchaca. Ahora, la defensa de Bascou apelará a la instancia de Casación para obtener el sobreseimiento.

Pablo Vera, abogado de Bascou, entiende que esta situación encierra una paradoja. Si bien favorece a su defendido porque anula la condena, en realidad abre nuevas instancias judiciales.

"La situación legal de Bascou sigue siendo de una persona procesada, sin condena, anterior tenía una condena de primera instancia y ahora se abre nuevamente una etapa en la cual va el expediente a un fiscal subrogante y también a un juez subrogante para que analice primero el fiscal si amerita una acusación o un sobreseimiento y luego un traslado a la defensa de esa acusación o de ese sobreseimiento y finalmente al nuevo juez que vaya a entender, que es el que legalmente corresponde que subrogue, para ver si condena o no", explicó el legista al citado medio.

“Para nosotros es un poco injusta la solución (…) porque una situación que debería ser desventajosa para una de las partes, en este caso la Fiscalía, termina siendo incluso hasta más beneficiada, porque va a tener la oportunidad de volver a acusar o de analizar un sobreseimiento y lo va a poder hacer incluso con, podríamos decir, las cartas vistas, porque la defensa ya contestó la acusación, ya adelantó su defensa y a su vez tuvo una sentencia de primera instancia. Entonces, sí, más allá de que se logró anular, que puede llegar a ser un éxito en la defensa, la situación igual se siente un poco injusta porque, una situación que debería ser desfavorable para una de las partes, la que comete el error de presentar fuera de plazo nada más y nada menos que una acusación, puede llegar a terminar siendo una situación más beneficiosa", señaló Vera.

Para el abogado, en este caso en particular “hay una violación a lo que es el principio de igualdad que deben tener las partes en el juicio, a lo que se llama la igualdad de armas. Para que se entienda: si a la defensa se le termina un plazo sin hacer el acto procesal que tiene que hacer, la defensa ya no tiene más chance de presentar nada. En este caso la Fiscalía pareciera que sí, el Tribunal ha entendido que sí lo tiene, y si bien va a ser otro fiscal que va a entender. Pero bueno, la Fiscalía es una sola y va a tener la oportunidad de que le vuelvan a dar el plazo para analizar la situación y volver a presentar eventualmente o no su acusación, pero esas prerrogativas y esas chances no las tiene la defensa”, lamentó.