Antía dijo que apelará el fallo judicial que lo obliga a devolver un campo de Colonización

El exintendente de Maldonado Enrique Antía anunció que apelará la resolución judicial que le ordenó devolver al Instituto Nacional de Colonización (INC) un campo de 49 hectáreas ubicado cerca de Aiguá, que arrendaba como colono.

“Por supuesto que voy a apelar, porque las injusticias no hay que dejarlas pasar”, afirmó este jueves en el programa radial La mañana en cadena, del medio maldonadense Cadena del Mar. Según dijo, presentará el recurso dentro del plazo previsto.

La semana pasada, el Juzgado Letrado de Maldonado de 6° Turno confirmó un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) de febrero de 2024 y le dio a Antía un plazo de 10 días para entregar el predio, conocido como El Sarandí.

En la entrevista, Antía defendió su vínculo con el INC, que según contó comenzó en 1981. “Siempre pagué la renta, estoy al día, he hecho todas las inversiones que hay que hacer para producir bien”, sostuvo.

El exjerarca también se refirió a uno de los principales argumentos de Colonización: la falta de residencia en el campo. “¿Cómo voy a vivir en una fracción que el propio instituto reconoce que no tiene vivienda?”, planteó. Según explicó, el predio no tenía casa, electricidad ni agua, y él vivía a unos 500 metros.

Antía recordó, además, que llegó a ese campo mediante una permuta. Según su relato, entregó una fracción más grande a cambio de otra más chica, cercana a su tambo, y esa operación fue autorizada por Colonización durante un gobierno del Frente Amplio.

El exintendente vinculó el conflicto con intereses partidarios y sostuvo que las críticas se intensifican cada vez que se habla de una nueva candidatura suya. En ese sentido, relató una reunión con José Mujica, entonces ministro, y con el vicepresidente del INC, en la que, según dijo, le transmitieron que “estaba todo bien, pero que cuando los temas se vuelven políticos, el trato es distinto”.

El proceso

Colonización impulsó en 2019 la rescisión del contrato de arrendamiento después de constatar en una inspección que Antía no cumplía con los requisitos de la Ley de Colonización, que exige a los colonos residir en el predio. En mayo de 2020, el organismo lo intimó a entregar el campo en 10 días.

Antía presentó entonces una acción de nulidad ante el TCA, lo que dejó el proceso en suspenso hasta que, en 2024, el tribunal confirmó el acto administrativo y rechazó el recurso. La Suprema Corte de Justicia también había rechazado una excepción de inconstitucionalidad planteada por el exintendente.

Según la resolución del juzgado de Maldonado, Antía incumplió las obligaciones de los colonos (trabajar el predio, supervisarlo y habitarlo) y, por lo tanto, no encuadra en el perfil que la ley manda priorizar.

El fallo señala además que la explotación del campo está a cargo de trabajadores contratados por Antía y por un socio con quien integra una sociedad civil agropecuaria. Ambos desarrollan también actividades en otros establecimientos rurales que, en conjunto, suman unas 1.400 hectáreas.