En Uruguay cada día se denuncian 24 casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, según datos del Sipiav de 2024. Detrás de esa cifra hay muchos más casos que no llegan a reportarse y quedan de la puerta para adentro de los hogares. Y siempre, dentro de esos números, hay historias fallidas de adultos que deberían cuidar, y niños que deberían ser cuidados.
En última instancia, queda en manos de la Justicia si un niño vuelve o no a convivir con el adulto que es acusado por el menor de haberlo agredido. Es en ese punto que, para Andrea Tuana, el sistema falla. “Estamos en un momento difícil para lograr una protección real”, advierte la directora de la Asociación Civil El Paso y referente en derechos de la infancia en diálogo con Montevideo Portal.
Desde su experiencia en acompañamiento a víctimas, Tuana observa que la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, aprobada en 2021, debilitó los estándares de protección. “Muchas organizaciones advertimos que iba a ser nociva y es lo que hemos visto: se ha ido quitando gravedad al asunto de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes”, afirma. En la práctica, reclama, hay juzgados que promueven revinculaciones incluso cuando hay denuncias o informes técnicos que muestran violencia.
De un tiempo a esta parte se encontró un concepto que define cuando el agresor utiliza a hijos e hijas como medio para seguir dañando a su expareja o pareja, o como mecanismo de control y castigo: se le llama violencia vicaria.
Aunque en el país la violencia vicaria no tiene aún desarrollo normativo y, según Tuana, eso deja grietas peligrosas: “Se les dice a los niños que, aunque la violencia no sea deseable, igual pueden seguir expuestos a un progenitor violento. Es una pésima señal y además los pone en riesgo”.
Tuana también reclama formación obligatoria en derechos de infancia y género para jueces, defensores y técnicos, y que los defensores sean autónomos del Poder Judicial para evitar conflictos de interés. “Necesitamos profesionales con independencia y con formación en trauma. Si no, seguimos administrando el daño en lugar de repararlo”.
En su visión, el tema no se resuelve solo con leyes, sino que tiene que haber “un pacto social” que trate la violencia hacia niñas, niños y adolescentes como una “emergencia nacional”.
“Cuando hay algo que es una emergencia, los recursos aparecen. En la pandemia sucedió. Necesitamos dar un paso que genere compromisos y ponga distintas cabezas a pensar cuáles son esas primeras medidas”, razona.
La profesional imagina un comité nacional que convoque a Estado, sociedad civil, empresas y sindicatos para diseñar un plan de acción. “El compromiso político es clave. No podemos seguir mirando para el costado mientras un sector de la infancia queda desprotegido”, concluye.