Andrea Tuana por revinculación tras denuncia de violencia infantil: “Es torturar al niño”

En Uruguay cada día se denuncian 24 casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, según datos del Sipiav de 2024. Detrás de esa cifra hay muchos más casos que no llegan a reportarse y quedan de la puerta para adentro de los hogares. Y siempre, dentro de esos números, hay historias fallidas de adultos que deberían cuidar, y niños que deberían ser cuidados.

En última instancia, queda en manos de la Justicia si un niño vuelve o no a convivir con el adulto que es acusado por el menor de haberlo agredido. Es en ese punto que, para Andrea Tuana, el sistema falla. “Estamos en un momento difícil para lograr una protección real”, advierte la directora de la Asociación Civil El Paso y referente en derechos de la infancia en diálogo con Montevideo Portal.

Desde su experiencia en acompañamiento a víctimas, Tuana observa que la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, aprobada en 2021, debilitó los estándares de protección. “Muchas organizaciones advertimos que iba a ser nociva y es lo que hemos visto: se ha ido quitando gravedad al asunto de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes”, afirma. En la práctica, reclama, hay juzgados que promueven revinculaciones incluso cuando hay denuncias o informes técnicos que muestran violencia.

De un tiempo a esta parte se encontró un concepto que define cuando el agresor utiliza a hijos e hijas como medio para seguir dañando a su expareja o pareja, o como mecanismo de control y castigo: se le llama violencia vicaria.

Aunque en el país la violencia vicaria no tiene aún desarrollo normativo y, según Tuana, eso deja grietas peligrosas: “Se les dice a los niños que, aunque la violencia no sea deseable, igual pueden seguir expuestos a un progenitor violento. Es una pésima señal y además los pone en riesgo”.

Magíster en Políticas Públicas y Género, Tuana va más allá del diagnóstico y cuestiona la cultura judicial que prioriza los derechos parentales por sobre el interés superior del niño. “No podemos pensar en acuerdos ni mediaciones cuando hay violencia. No es correcto sentar a un padre y una madre, cuando hubo violencia, en una coordinación parental para llegar a acuerdos”, afirma de forma categórica.

Para la especialista, la clave es cambiar el paradigma. “No es que al proteger a un niño se viola la garantía del debido proceso de un progenitor. Son procesos distintos con objetivos diferentes y acá en el centro tiene que estar el niño o la niña”, indica.

Por eso, el presunto choque entre derechos del niño y garantías para el adulto, Tuana, con base en los derechos consagrados en tratados internacionales, lo dirime de esta manera: “Frente a la duda, protección”.

“La revinculación forzada es una forma de maltrato porque se intenta desacreditar lo que un niño dice y obligarlo a hacer lo que no quiere. Eso, desde mi punto de vista, es torturar a un niño”, enfatiza.

Tuana rechaza el “mal llamado síndrome de alienación parental”, es decir, que uno de los progenitores pueda generar que su hijo desarrolle rechazo o miedo al otro progenitor a través de la manipulación o el engaño. Sin embargo, acota: “Si vos decís: ‘Acá realmente hubo un manejo de esta mamá o de este papá y el niño queda en el medio de esa lealtad, lo que tenemos que hacer es darle atención terapéutica especializada. Tenemos que trabajar para que ese niño pueda tener la oportunidad de sentir, de pensar por sí mismo, digamos, de salir de esa versión que le pueden haber dado”.

La directora de El Paso sostiene que la mayoría de las niñas y niños dice menos de lo que realmente le pasa, por miedo o por falta de educación sexual. “La palabra de los chiquilines vale oro y tenemos que escucharla”, considera.

El abordaje que propone Tuana incluye modelos integrales de reparación con psicólogos especializados en trauma, acompañantes terapéuticos, articulación territorial y psiquiatras disponibles “para evitar que los niños sean expulsados de escuelas u hogares de protección”.

En esta línea, hace poco viajó, junto con una delegación del gobierno uruguayo y de la Suprema Corte de Justicia, a España para conocer de cerca un modelo llamado Barnahus (Casa de los Niños).

“Es un modelo que aumenta las condenas porque ese niño, una vez que cuenta lo que le está pasando, es recibido en un lugar amigable, con personas que están formadas, y que, además, están en tiempo real. Vos no puedes hacer una pericia después de un año, porque después de un año ese niño, dependiendo de la edad, lo olvidó, lo reprimió, lo guardó; no quiere volver a hablar de eso”, detalla.

De todas maneras, insiste en que el gran vacío que existe en Uruguay está en la prevención: “Si no trabajamos en la prevención, no nos van a dar abasto todos los profesionales que tengamos. Tenemos que incorporar estos temas en la currícula: desde el CAIF hasta el final de la educación”.

Tuana también reclama formación obligatoria en derechos de infancia y género para jueces, defensores y técnicos, y que los defensores sean autónomos del Poder Judicial para evitar conflictos de interés. “Necesitamos profesionales con independencia y con formación en trauma. Si no, seguimos administrando el daño en lugar de repararlo”.

En su visión, el tema no se resuelve solo con leyes, sino que tiene que haber “un pacto social” que trate la violencia hacia niñas, niños y adolescentes como una “emergencia nacional”.

“Cuando hay algo que es una emergencia, los recursos aparecen. En la pandemia sucedió. Necesitamos dar un paso que genere compromisos y ponga distintas cabezas a pensar cuáles son esas primeras medidas”, razona.

La profesional imagina un comité nacional que convoque a Estado, sociedad civil, empresas y sindicatos para diseñar un plan de acción. “El compromiso político es clave. No podemos seguir mirando para el costado mientras un sector de la infancia queda desprotegido”, concluye.