En mayo de 2025, Portfolio Capital —integrada por Rey Toro, Reina Vaca y Berrutti & Argenti— informó a sus inversores que no podía hacer frente al pago de los intereses. Desde entonces, cientos de afectados presentaron denuncias civiles y penales contra Alejandro Berrutti, director y fundador del llamado “fondo ganadero”.

Mientras tanto, los inversores esperan la decisión de la síndica del concurso, Stella Borja, quien deberá —en base a los elementos que está recabando— definir si las personas son consideradas inversoras o damnificadas.

El punto central radica en que muchos de los que recibían renta fija por parte de Portfolio Capital firmaron contratos como accionistas, y, si son considerados como tales, serían los últimos en cobrar en el proceso de liquidación del concurso.

El pasado jueves, la Justicia recibió la propuesta de convenio presentada por la empresa fundada por Berrutti a los inversores. Ahora deberá celebrarse una junta de acreedores, fijada para marzo, en la que los acreedores verificados por la sindicatura deberán votar si aceptan o no la propuesta.

Según la ley concursal, Borja tiene hasta 15 días antes de la junta para decidir si avala o no el convenio. La síndica, hasta no conocer con precisión el pasivo de la empresa, no podrá informar si lo aprueba.

La aprobación final del acuerdo depende de la aceptación de la junta de acreedores y de la homologación judicial.

El acuerdo

La fórmula propuesta para los acreedores establece el pago del 50% del crédito verificado y aprobado judicialmente, en hasta 18 cuotas semestrales.

El dinero provendría de las ganancias de la empresa Rey Toro, dado que Berrutti y su esposa, María José Argenti, cederían los beneficios de esa firma a un fideicomiso de garantía, según el texto al que accedió Montevideo Portal.

Ninguna de las seis cuotas podrá superar los US$ 150.000. Si se supera ese monto, el excedente se abonará en una cuota final adicional.

En cuanto a los accionistas, la mayoría de quienes dejaron de recibir intereses deberán ceder todas sus acciones al fideicomiso que se creará.

A cambio, se les reconoce solo el derecho a cobrar el 50% del capital aportado, sin intereses, sin ajustes y sin posibilidad de iniciar reclamos civiles o penales. El otro 50% se pierde definitivamente, según el texto.

El pago se realizará con el producido de los bienes inventariados en el concurso, la venta de inmuebles de Rey Toro y de La Tarambana, una cabaña de animales propiedad de Berrutti.

El faltante se pagará en cuotas anuales, una vez que los acreedores estén totalmente satisfechos, lo que se estima ocurrirá dentro de nueve años. A partir de entonces, los accionistas podrían cobrar cuotas semestrales, siempre que haya ganancias futuras en Rey Toro.

A diferencia del esquema para los acreedores, no se fija un calendario de pagos para los accionistas. Quienes acepten el convenio deberán renunciar a cualquier juicio iniciado o pendiente y levantar embargos o medidas cautelares. Solo podrán reclamar en caso de incumplimiento del acuerdo.

El fideicomiso

El plan prevé la creación de un fideicomiso, instrumento legal mediante el cual se conforma un patrimonio separado. Este estará integrado por el remanente de bienes y créditos del concurso de Reina Vaca, Oro Rojo y Berrutti & Argenti, una vez pagados los créditos contra la masa.

También se nutrirá de hasta US$ 300.000 anuales de los dividendos de Rey Toro, más el excedente destinado al pago de accionistas, y de lo obtenido por la venta de inmuebles de Rey Toro y La Tarambana, que deberán venderse en un plazo máximo de tres años desde la homologación del convenio.

Los avances de Fiscalía

En el plano penal, la investigación está a cargo del fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, quien emitió una alerta plateada de Interpol para identificar bienes y activos en el exterior pertenecientes a personas vinculadas, según informó inicialmente El Observador.

Además, la Fiscalía incautó computadoras en las oficinas donde funcionaba la empresa, y en los próximos días declarará la síndica Borja.

Fuentes de la investigación señalaron a Montevideo Portal que también se recibió información sobre las últimas salidas del país de Berrutti y de su esposa, Argenti. En el caso de ella, Migraciones registró viajes a Colombia en octubre de 2024 y febrero de 2025.

El empresario mantenía contactos con el colombiano Manuel Cabrales, director del Fondo Ganadero Pampas, que actuaba como garante de los contratos firmados entre la empresa uruguaya y sus clientes.

El fiscal Rodríguez adelantó que se prevé una reunión con el Ministerio de Ganadería para verificar qué animales efectivamente existen.