Advierten descontrol en Colonización: 70% de los contratos con colonos están vencidos

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) advierte que el Instituto Nacional de Colonización (INC) funciona con una serie de “debilidades en el control interno”, por lo cual recomienda una “auditoría de aseguramiento” —un informe independiente para otorgar a los usuarios mayores niveles de seguridad—.

El relevamiento realizado por la AIN encontró una “ausencia de controles y/o debilidad en los implementados, falta de integridad y oportunidad de la información, sumado a la carencia de personal técnico de campo”, que determinan que “el instituto no podría garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los colonos arrendatarios y propietarios establecidas en la ley de colonización”.

Además, la AIN sostiene que el instituto podría estar expuesto a varios riesgos: “utilización de los campos para fines diferentes a los asignados, ventas y/o subarriendo de forma irregular; desnaturalización del objetivo primordial de INC con el consiguiente impacto en la imagen del ente; colusión de intereses entre las partes involucradas; inexigibilidad de las obligaciones asumidas en los contratos por errores en datos contenidos en los mismos; ocupantes de tierras sin contrato respaldante; deterioro de los campos y/o mejoras propiedad del INC; vulnerabilidad de acceso al sistema por personas no autorizadas y/o pérdida de la información”.

Para mitigar esos peligros, se sugiere “una auditoria de aseguramiento” que permita “brindar más certeza de que la información y los procesos utilizados por el INC sean más confiables, útiles, eficaces y eficientes”.

Debilidades

El INC se divide en regiones para administrar el trabajo en territorio. Los gerentes entrevistados para el informe de la auditoría “consideran insuficiente la cantidad de personal mínimo establecido, principalmente en lo referente a los técnicos de campo, pudiendo ser esto el causante de los atrasos en las inspecciones e informes técnicos a realizar”. Esto es particularmente notorio en la Regional Durazno, donde “no se podría asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la normativa”. En una de las regionales relevadas tienen expedientes con plazos mayores a 365 días en la oficina técnica.

A su vez, las regionales responden a la subgerencia del instituto, pero sus actividades no están detalladas en un plan de trabajo, por lo cual —insiste la AIN— “no existirían garantías de un seguimiento integral de las tareas a realizar”. Además, la comunicación no es lo “suficientemente fluida”, no hay manuales de procedimiento, y se toman decisiones por parte de la oficina central sin participación de las regionales.

Contratos precarios

El informe describe que, luego de la asignación de tierras, el expediente pasa a las regionales para la confección y firma de los contratos. Los plazos entre la inscripción y la confección del contrato pueden llevar más de seis meses, dependiendo de cada regional y de los recursos humanos disponibles.

“Esto determina que la situación de los colonos pudiera verse alterada en ese plazo, variando por ejemplo su estado civil, o datos personales, requiriéndose una revisión y actualización al momento de la firma, a fin de evitar errores. De no realizarse dicha actualización, se podría estar suscribiendo contratos sin la validez debida”, advierte la AIN. De hecho, el informe detalla que las resoluciones del directorio del INC en ocasiones han presentado errores y “no hay certeza” de que se hayan enmendado.

Por disposición legal, el contrato precario no puede extenderse por un plazo mayor a dos años, indica la AIN. Sin embargo, del relevamiento surge que, de los 489 contratos de este tipo, el 70% estaban vencidos, “pudiendo encontrarse los colonos durante dicho plazo en situación irregular respecto al vínculo con el INC”.

La auditoría menciona una serie de posibles causas: “demoras en la confección de las evaluaciones finales por parte de los técnicos regionales, insumo indispensable con que debe contar el directorio del INC para renovar o no el vínculo con el colono”; “demoras por parte de los colonos en la obtención de las garantías exigidas por el INC para la firma del contrato definitivo”; “demora de los colonos en adoptar el régimen jurídico exigido por el instituto, lo que involucra a otros organismos del Estado”, y “demoras en los trámites internos del INC”.

Seguimiento

Las regionales tienen la potestad de hacer una convocatoria para definir el destino del terreno, seleccionar al pastoreante, firmar y establecer el precio del campo, lo cual se hace con la previa evaluación de la Mesa de Desarrollo Rural. Dice la AIN que “no existiría un control por otra unidad sobre dicho procedimiento, pasando luego a la Gerencia General a fin de que tome conocimiento”, y advierte: “Podría darse una colusión de intereses entre las partes intervinientes”.

En tanto, la auditoría pone énfasis en las dificultades para el seguimiento de las obligaciones de los colonos —pagar la renta, trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo (con alguna excepción), explotar el predio en base a los lineamientos del INC, informar las mejoras—. “Del relevamiento se desprenden observaciones que, de verificarse, no permitirían garantizar que los colonos estén cumpliendo con las obligaciones dispuestas por la ley”, advierte la AIN. Menciona, entre otras cosas, que las regionales “no realizarían el seguimiento en base a iniciativa propia o planificación previa, sino a instancia de trámites iniciados por los colonos, a pedido de la Gerencia General en casos concretos, o gestión de denuncias”.

A su vez, la AIN pone de relieve que hay una “falta de personal técnico de campo, titulares de la función de constatar y reportar los incumplimientos”. También señala que el instituto carece de un sistema de información que permita obtener reportes para hacer el seguimiento. Y advierte: “No se prevé por parte del INC una rotación entre los gerentes regionales a fin de evitar una eventual colusión de intereses”.