Acusaciones a Bustillo son "estrategia"

Luis Anastasía, ex representante colorado en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), dijo a Montevideo Portal que el "cruce de acusaciones" que mantienen las cancillerías uruguaya y argentina se debió al malestar que causaron en la vecina orilla las conclusiones de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas uruguayo.

Anastasía, que este lunes efectivizó su renuncia a la CARP en el marco de la decisión adoptada por Vamos Uruguay, recordó que la auditoría uruguaya concluyó que hubo una "actitud dilatoria" que terminó beneficiando a la empresa Riovía, al no permitir que se abriera un nuevo concurso de precios. En la auditoría además, se advierte claramente que "las responsabilidades para que se llegase a esta situación, deben atribuirse a la DELAR (Delegación Argentina) y para ello basta una lectura objetiva de las actas".

"De la auditoría se desprende claramente que se fueron dilatando las decisiones por demoras en la delegación argentina y que eso tuvo consecuencias, porque no se hizo el llamado como estaba acordado y ahora hay dificultades hasta para continuar con el mantenimiento", sostuvo el ex integrante.

Anastasía rechazó que haya existido un intento de soborno al presidente de la delegación uruguaya Fernando Bustillo por parte de la empresa Riovía, apoyándose además en la falta de indicios de coima señalada por el Tribunal de Cuentas uruguayo. En ese sentido, sostuvo que la actitud de la Cancillería argentina hacia Bustillo son el resultado de "un in crescendo de acusaciones realizadas de acuerdo a la oportunidad y estrategia de cada uno".

El colorado afirmó además que muchos de los temas abordados por la CARP solían trancarse cuando requerían una decisión del canciller argentino Héctor Timerman.

Anastasía recordó que "el día a día" de la comisión era normal, "con discusiones que podían ser intensas en la pasión del propio trabajo y en la defensa de posturas propiamente técnicas". Incluso, recordó que varias veces la delegación argentina daba la razón a argumentos de la uruguaya o viceversa, tanto en cuestiones generales como en aspectos vinculados a lo financiero o sobre los controles de calidad del agua.

"El tema es que cuando se terminaba de concretar el trabajo en la comisión y se dependía de la aprobación de los gobiernos, Argentina decía que tenía que esperar instrucciones de su Cancillería, por lo que cuando se planteaban las cosas en el Plenario decían que no tenía instrucciones o que tenían orden de no hacer tal cosa", recordó el integrante de Vamos Uruguay.

Informe del Tribunal de Cuentas

El Informe del Tribunal de Cuentas fue difundido el lunes 23 de julio, de 45 páginas, concluye que en relación al cumplimiento de las cláusulas contractuales con la empresa RIOVÍA para el mantenimiento del Canal Martín García, los integrantes de la delegación uruguaya en la CARP actuaron "ajustándose a las normas que rigen su desempeño, tratando de preservar los intereses del país, dentro de un Organismo binacional en el que cada delegación posee un voto frente a cualquier aspecto sometido a su consideración".

El Tribunal de Cuentas (TCR), órgano fiscalizador del país, indicó que Uruguay debe evaluar la posibilidad de denunciar el caso en la Justicia, ante las denuncias de coimas.

El tribunal había sido convocado en mayo por la cancillería uruguaya, tras versiones del diario El Observador sobre supuestos hechos de corrupción en la extensión del contrato con la empresa Riovia, subsidiaria de la holandesa Boskalis International y que se ocupa del dragado desde 1996.

El informe del tribunal sostiene que "existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la CARP (Comisión administradora del Río de la Plata), actitud que tuvo incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovia".

Mientras se postergaban las negociaciones sobre el llamado a una licitación internacional para una nueva concesión para la profundización del dragado -que Uruguay y Argentina negocian desde hace meses- "se dejaron de adoptar las medidas necesarias para mejor negociar con Riovia S.A. la inminente prórroga del contrato", lo que llevó a que no se hiciera un concurso de precios y generó condiciones más beneficiosas a Riovia, indicó.

El informe atribuye la responsabilidad por esa situación a la delegación argentina al tiempo que afirma que los delegados uruguayos ante la CARP -creada en 1973- actuaron "tratando de preservar los intereses del país".

Según el documento, el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, informó a la cancillería sobre al menos dos situaciones que "permiten irradiar dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con Riovia S.A. a partir del mes de febrero pasado".

El tenor de estas situaciones "amerita que la cancillería evalúe la adopción de medidas que correspondan a derecho", para lo cual "deberá tener en cuenta el principio de territorialidad del derecho penal".

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