El abogado Juan Pablo Decia, quien representa a un número importante de inversores damnificados por la caída de los fondos ganaderos, se refirió a la situación de la investigación contra República Ganadera, empresa que está acusada de tener un déficit aproximado de US$ 70 millones.
Según el penalista, hasta el momento no ha habido “avances sustantivos” en la investigación. Al momento, la única resolución adoptada por la Justicia fue una medida cautelar de cierre de fronteras y entrega de sus documentos para Nicolás Jasidakis y Mauricio Mussio, responsables de la empresa, el pasado 10 de marzo. Decia alertó que dicha medida preventiva vence el 22 de agosto.
“Si bien las dimensiones económicas son menores a las de Conexión Ganadera, no deja de ser una maniobra extremadamente grave donde hay US$ 70 millones que no aparecen y 1.500 familias damnificadas que se merecen el mismo trato”, comentó el defensor en diálogo con Montevideo Portal.
A su vez, aseguró que los abogados de los damnificados no ven que “exista una equivalencia” entre las víctimas de República y de Conexión, un aspecto que también los “preocupa”.
Hitos del caso
La empresa liderada por Jasidakis y Mussio comunicó que se iba a presentar a concurso de acreedores el 27 de noviembre de 2024. Mediante una carta dirigida a sus inversionistas, atribuye su situación a “los desafíos económicos que afectaron al sector ganadero en los últimos años”, así como a la sequía que afectó al país durante 2022 y 2023 y “las consecuencias derivadas de la crisis de confianza en el mercado”.
En ese contexto, Conexión Ganadera —cuyos responsables, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, fueron imputados recientemente por estafa— emitió un comunicado afirmando que realizaría una auditoría sobre República con el objetivo de analizar una posible solución a la situación económica de la empresa. Tras la muerte de Gustavo Basso, finalmente decidieron no intervenir.
Días más tarde, ya en el mes de diciembre, se presentaron las primeras tres denuncias. Uno de los clientes reclamó porque la empresa falsificó su firma en guías de ganado, además de que 23 de las 40 vacas que tenía fallecieron y nunca se le comunicó.
Las otras dos demandas presentadas en ese momento fueron de una pareja. La mujer dijo que había invertido US$ 100.000 y se le venía pagando un 10% de renta fija anual. Luego, su esposo invirtió US$ 80.000, nunca se le devolvió el valor prometido y a ella se le dejó de pagar.
En mayo de este año, la empresa presentó un plan de reestructuración operativa a modo de acuerdo concursal a sus inversores. “Sería, entre tanto fracaso del 2025, un caso de fondo ganadero rescatado exitosamente”, expresa el documento.
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