El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala presentó un proyecto de ley que busca declarar “insalubres” las tareas de los funcionarios civiles penitenciarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y de los educadores del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Según la exposición de motivos, el objetivo de la iniciativa es “reconocer jurídicamente” que el trabajo en estas instituciones implica “un riesgo ocupacional elevado”, debido a factores como “entornos físicos cerrados o sobrepoblados con deficiencias de ventilación, higiene y saneamiento, que favorecen la transmisión de enfermedades infecciosas”, además de la exposición a “agentes biológicos” y a “riesgos físicos y psicosociales”.

En diálogo con Montevideo Portal, Abdala explicó que la aprobación de la norma “permitiría cortar caminos”, ya que “sería suficiente” para que el Ministerio de Trabajo “definiera cuál sería la bonificación justa”, teniendo en cuenta que quienes trabajan en condiciones de insalubridad reciben una bonificación jubilatoria. En caso contrario, los trabajadores deberían recurrir a una comisión del Ministerio de Salud Pública para que “estudie el impacto” de sus labores, lo que sería un “camino más largo”, debido a que la comisión “trabaja muy esporádicamente”.

El legislador subrayó que no se trata de una medida con fuerte impacto presupuestal, ya que no son “soluciones que tengan un costo exorbitante”. Además, explicó que “los operadores penitenciarios son 1.200” y los trabajadores de INISA “son algunos cientos”.

Finalmente, Abdala señaló que “la sensibilidad” de quienes actualmente dirigen el INR y el Inisa puede contribuir a “facilitar que esto prospere”.