ANEP y gremios acordaron nuevo protocolo ante situaciones de violencia: ¿en qué consiste?

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay acordaron un nuevo protocolo de actuación frente a situaciones de violencia en centros educativos y dependencias del organismo, que establece procedimientos obligatorios, respuesta inmediata y medidas específicas de protección para los trabajadores.

El documento, que regirá para todo el sistema, define como violencia cualquier acción en la que una persona sea “agredida, amenazada, humillada o lesionada” en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas. Además, delimita los escenarios en los que debe aplicarse: agresiones de personas externas que irrumpen en centros educativos, episodios protagonizados por estudiantes contra funcionarios y también conflictos entre trabajadores.

Uno de los puntos centrales es la respuesta inmediata ante episodios graves, que incluye el llamado al 911 u otros servicios de emergencia cuando la situación lo amerite. En paralelo, se establece la obligación de comunicar el hecho a las jerarquías correspondientes y a una comisión específica creada para la aplicación del protocolo, que tendrá un rol de coordinación y apoyo en cada caso.

El procedimiento también fija la obligatoriedad de realizar la denuncia policial, que deberá ser tramitada por los jerarcas del centro o, en su defecto, por autoridades superiores. Esta instancia podrá contar con asesoramiento jurídico, pero sin afectar la inmediatez de la denuncia, un aspecto que el protocolo considera clave para garantizar la respuesta institucional.

A nivel interno, cada episodio deberá quedar registrado en documentos oficiales —como partes diarios o el denominado “Libro de Seguridad”—, con carácter reservado, para sistematizar la información y dar seguimiento a las actuaciones. El protocolo hace especial énfasis en preservar los datos personales y evitar la exposición de las personas involucradas.

Tras un hecho de violencia, se prevé además una serie de acciones institucionales en un plazo de 48 horas, entre ellas la convocatoria a representantes sindicales para analizar lo ocurrido y definir medidas. Ese espacio deberá derivar en un plan de acción que contemple estrategias de prevención, mejoras en la organización del centro y mecanismos de alerta temprana para evitar nuevos episodios.

El protocolo también introduce medidas concretas de protección a los trabajadores. Entre ellas, se establece la asistencia médica inmediata y la posibilidad de justificar la ausencia laboral por hasta 48 horas sin pérdida salarial en caso de haber sido víctima de una agresión. Asimismo, se indica que se debe evitar la presencia de los agresores en los centros cuando representen un riesgo para la comunidad educativa.

En paralelo, el acuerdo incorpora un capítulo de acciones preventivas, que incluye campañas institucionales, jornadas de convivencia, capacitación permanente para funcionarios y la participación de equipos técnicos multidisciplinarios. También se prevé un sistema de respuesta rápida coordinado con el Ministerio del Interior para garantizar presencia policial ágil cuando sea necesario.

Otro elemento relevante es la creación de una comisión bipartita —integrada por representantes de ANEP y de los sindicatos— que tendrá como cometido asesorar en situaciones concretas, intervenir cuando haya desacuerdos sobre la aplicación del protocolo y colaborar en las acciones de prevención y seguimiento.