La Asamblea General de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) celebró que el gobierno de Yamandú Orsi dejara sin efecto el proyecto Neptuno, que prevía una planta potablizadora en Arazatí (San José), aunque afirmó que esta decisión no marca “el fin del conflicto”.

El sindicato sostuvo que el proyecto Neptuno, aprobado bajo la administración de Luis Lacalle Pou, “lejos de fortalecer a OSE y garantizar el derecho al agua, profundizaba el camino de la privatización y el debilitamiento de lo público”.

Según Ffose, la decisión del gobierno del Frente Amplio “confirmó” su “movilización sostenida, la denuncia constante y la acción colectiva junto a múltiples organizaciones sociales y ambientales”, que calificó como “justa, necesaria y efectiva”.

El sindicato de funcionarios de OSE dijo que el proyecto impulsado por el anterior gobierno “no representaba una solución real a los problemas de abastecimiento”.

“Era un desvío de recursos públicos hacia manos privadas. Era un riesgo para el futuro del agua como derecho humano. Sin embargo, este no es el final del conflicto”, expresó.

Ffose señaló que el país se encuentra en un “momento clave de discusión presupuestal”, por lo que “es urgente y necesario avanzar en un plan serio de fortalecimiento del servicio público”, que debe incluir “inversión real, nuevas estructuras, y condiciones laborales que respondan a las necesidades de quienes garantizamos el agua a la población cada día”.

“Por eso seguimos movilizados y en conflicto. Porque nuestras reivindicaciones son parte de una lucha más amplia, por un servicio público de calidad, gestionado por el Estado y al servicio del pueblo”, expresó.

Según indicó Telemundo, el Consorcio Aguas de Montevideo —que nuclea a las empresas Berkes, Ciemsa, Saceem y Fast que impulsan el proyecto— fue notificado de la decisión del gobierno de Orsi en la tarde del pasado miércoles.

El miércoles 30 de abril se dio la primera reunión entre las autoridades de gobierno y representantes de las empresas luego de que se firmara la suspensión de los plazos establecidos para su puesta en marcha. Allí se generaron dos equipos de trabajo: uno que profundiza en los aspectos técnicos del contrato y otro en los jurídicos.

En este marco, Orsi remarcó que “de antemano se sabe” que a la actual administración no le “convence” el proyecto tal cual fue firmado por el gobierno anterior. “Pero como tenemos un marco contractual que te obliga como Estado tenemos que ver cuáles son los espacios para cambiar ese proyecto hacia otra cosa”, remarcó el mandatario.

Tal como informáramos, el gobierno uruguayo, bajo la administración de Lacalle Pou, firmó el contrato el pasado jueves 23 de enero. El proceso había iniciado en noviembre de 2022, “cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y la operación de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable, que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”, señala el comunicado de Presidencia de enero.

“Lo que le planteamos al consorcio es que, teniendo esta visión crítica que tenemos con el proyecto, lo que planteamos y acordamos con el consorcio es frenar la ejecución del contrato por los próximos 90 días a efectos de poder tener 90 días para poder renegociar el contrato que oportunamente firmó el gobierno anterior”, dijo en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a mediados de abril.

Durante estos tres meses se estableció una “mesa de trabajo permanente” para poder renegociar el contrato, indicó el jerarca en ese momento.

De esta forma, Sánchez reafirmó que el gobierno mantiene una visión “crítica” respecto a la iniciativa. “Entendemos que no es un proyecto oportuno, que no resuelve el problema de fondo, que es el de garantizar el abastecimiento del agua potable para el área metropolitana”, sostuvo.

Según manifestó, “arriba de la mesa están todos los escenarios colocados”. Esto puede incluir desde la continuación de la iniciativa “con cambios”, pero también que el proyecto “no continúe” y “que se realicen otras obras”.

“Todos los escenarios están arriba de la mesa, pero aquí tiene un marco jurídico (que nos establece el contrato), uno técnico y uno económico para ver cómo colocamos los distintos escenarios que están arriba de la mesa”, ratificó.