Hace 34 años, en una reunión clandestina, los dirigentes de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) llamaron a una huelga que resistió casi dos semanas, tras enterarse que el presidente Juan María Bordaberry había resuelto la disolución de las Cámaras.

El 9 de julio a las cinco de la tarde decenas de miles de trabajadores se concentraron en la avenida 18 de julio para repudiar lo que sería la dictadura más violenta de la historia del país.

En 10 años de opresión estatal se constató el asesinato de un centenar de personas, la desaparición de unas 300 y el exilio de 300 mil.

En conversación con Montevideo Portal el entonces secretario de COFE, Luis Iguini habló sobre aquella tarde: "Nosotros ya sabíamos desde la tardecita que se iban a disolver las cámaras, entonces mi tarea fue ir por todas las sedes sindicales, a avisar que no se trataba de un paro de 24 horas, sino de una huelga porque venía la dictadura. ( ) Lo que predominaba no era tanto el miedo sino la rabia y el fastidio por lo que los militares iban a hacer, en ese momento sólo sabíamos que tendría tendencias de dictadura fascista y que las fábricas serían desocupadas, pero nada más".

El derrocamiento de la democracia en 1964 en Brasil, en 1971 en Bolivia, en septiembre de 1973 en Chile y en 1976 en Argentina fue y sería tarea exclusiva de militares, más allá del apoyo o el pedido expreso de sectores civiles, en particular ligados al poder económico.

La condición de autogolpe cívico-militar "a la uruguaya" fue la marca en el orillo de ataques al sistema democrático perpetrados más tarde en otros países de América Latina, como el encabezado en 1992 en Perú por Alberto Fujimori, surgido de las urnas en 1990 y destituido 10 años después por el Congreso.

Pero si fuera de fronteras el golpe a lo Bordaberry dejó huella indeleble, la sociedad de este país de 3,3 millones de habitantes encuentra más difícil abordar lo ocurrido entonces, con sus causas y consecuencias económicas y políticas y la secuela de exilio, secuestros, torturas y asesinatos.

El primero de marzo de 1972, constitucionalmente asumió el mando gubernamental, Juan María Bordaberry, y tras una paulatina intromisión de un fuerte sector de las FFAA en la vida política uruguaya, Bordaberry decretó la suspensión de las actividades parlamentarias, en la madrugada de ese día negro, tanques rodeaban al Palacio Legislativo, los militares, al mando del General Esteban Cristi, ingresaron al máximo órgano oficial de representación ciudadana, el Legislativo.

De allí y hasta por lo menos el año 1985, los abusos por parte del poder militar hizo estragos en la sociedad, fragmentando, asustando, disolviendo la riqueza cultural del Uruguay.

En el libro de Miguel Ángel Campodónico, sobre la vida de Juan María Bordaberry el ex dictador civil recuerda el 27 de junio: "Cuando se dice que con la disolución del Parlamento dejó de existir el Estado de Derecho, porque el decreto del Poder Ejecutivo no tenía el respaldo de ningún texto constitucional, se olvida que la situación a la que había llegado el país obligaba a disolverlo ( ) "El Uruguay estaba en un punto en el que corría el riesgo de perder mucho más que el Parlamento, ya que este órgano estaba actuando contra la sociedad misma".